Cada 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, cuyo propósito es visibilizar el trabajo no remunerado que sostiene a los hogares y dignificar el trabajo doméstico que sí se paga. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) del INEGI, elaborada a partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados que realizó la población de 12 años y más asciende a poco más de 8 billones de pesos, equivalentes al 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía mexicana. Ese valor supera a la industria manufacturera, que representa el 20.1 por ciento del PIB, y al comercio, con el 18.7 por ciento, dicho de otra manera, si el trabajo no remunerado de los hogares se registrara como un sector de la economía, sería el más grande de todos.
Las mujeres representaron el 53.9 por ciento de quienes realizaron ese trabajo, una mayoría estrecha y en los hechos poco reveladora, la diferencia aparece al medirlo en horas, ya que ellas aportaron el 72.6 por ciento del total, es decir, 2.7 veces más que los hombres, esta desigualdad, entonces, no está en cuántas personas participan, sino en la intensidad con la que lo hacen.
La ENUT traduce esa diferencia en valores que verdaderamente importan, donde las mujeres en promedio destinan 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, prácticamente una jornada laboral completa, mientras que los hombres apenas aportan 18.2 horas, una brecha de 21.5 horas que equivale a más de media jornada de trabajo adicional por semana, sin pago, sin prestaciones y sin generar un solo derecho laboral, pero sin importar esta diferencia que si es muy importante, para ninguno de los dos ese esfuerzo se contabiliza, ni registra en ninguna cuenta.
El trabajo no remunerado produce el único insumo que ninguna empresa puede comprar y que toda empresa necesita, el de una fuerza de trabajo que se reproduce diariamente, por ejemplo, un obrero que llega a la planta alimentado, con ropa limpia y sin la preocupación de que sus hijos estén desatendidos es el resultado conjunto del salario que paga la empresa y de las horas que nadie cobró en su casa. Ese insumo se transfiere a la economía a costo cero, en una transferencia que va de los hogares (aportado mayoritariamente por las mujeres) hacia las empresas privadas y públicas por igual.
La empresa paga las horas laboradas, pero no el costo total de reproducir la fuerza de trabajo, mientras que el Estado, por su cuenta, se ahorra el gasto en centros para adultos mayores, estancias infantiles y centros de rehabilitación que los hogares suplen sin cobrar. El resultado es una estructura de costos empresariales artificialmente baja y especialmente relevante en economías con menor grado de desarrollo como la mexicana. Cuando se habla del modelo de competitividad del país, basado en mano de obra y materia prima baratas, se omite este subsidio que financian principalmente las mujeres y que en buena medida sostiene esos bajos costos.
No es ningún beneficio que no aparezca en el balance de ninguna empresa, ni en el presupuesto de ningún gobierno, pero opera con la misma efectividad que si se estuviera contabilizado.
La tasa de participación económica femenina en México ronda el 45 por ciento, frente al 70 por ciento de los hombres, esa diferencia no se explica por los niveles de escolaridad que hoy son muy similares, sino por las restricciones de tiempo, quien dedica más de la mitad de sus horas de trabajo a tareas que no se pagan tiene, sencillamente, menos horas disponibles para vender en el mercado laboral. De hecho, la SHCP estima que si las mujeres que hoy no forman parte de la fuerza laboral pero desean un trabajo remunerado pudieran incorporarse mediante una redistribución de sus tareas de cuidado, se sumarían 2.6 millones de mujeres a la economía, lo que en sentido estricto, se puede considerar como una inversión al factor trabajo y no gasto social.
Si el trabajo no remunerado resulta invisible para la mayoría, el remunerado no está muy lejos de esa condición, en el país cerca de 2.3 millones de personas trabajan en hogares ajenos, nueve de cada diez son mujeres y el 97 por ciento carece de contrato por escrito, y casi el 70 por ciento no recibe ningún tipo de prestación.
La afiliación al IMSS es obligatoria para este sector desde 2023, pero a junio de 2026, según datos oficiales, sólo 57 mil 564 personas trabajadoras del hogar estaban afiliadas, apenas el 2.5 por ciento del total, pero la cobertura no sólo no creció, sino que retrocedió frente a los casi 62 mil registros de 2023.
Lo que es un caso de norma sin capacidad de aplicación, debido a que el patrón no es una empresa fiscalizable, sino un hogar particular, y el costo de cumplir recae sobre quien no obtiene beneficio económico directo por hacerlo.
El fenómeno no es exclusivo de México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que en el mundo se dedican aproximadamente 16 mil 400 millones de horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, el equivalente a 2 mil millones de personas trabajando ocho horas diarias sin pago; valorado a salario mínimo, representaría el nueve por ciento del PIB mundial, la diferencia entre países no está en la existencia del fenómeno, sino en qué tanto han decidido mirarlo.
Pero, lo que distingue al país no es la magnitud del problema, sino la calidad de la medición que apenas comienza a construirse, mediante una encuesta de uso del tiempo con desagregación estatal, anexos presupuestales y una ley reciente con evidentes áreas de oportunidad, pero que, en suma, ya existen los insumos necesarios para saber cuánto vale la aportación del trabajo doméstico que todavía no pagamos. Y medirlo no es un ejercicio estadístico ocioso, sino la condición previa para diseñar políticas públicas capaces de retribuir el trabajo que más valor genera sin registrarse, aquel que se invierte, todos los días, en nuestros hogares.
