La mañana del 23 de julio de 2026, mientras Marcelo Ebrard y Jamieson Greer cerraban en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales, la oficina del representante comercial estadounidense anunciaba un nuevo arancel de 10 por ciento a las exportaciones mexicanas, ahora con el argumento del trabajo forzoso en las cadenas de suministro, los negociadores se enteraron casi al mismo tiempo que la opinión pública.
Esa escena, de dialogar en una mesa mientras del otro lado se legisla por proclamación, describe la relación económica de América del Norte desde el 2025 mejor que cualquier cifra, donde existe una negociación permanente donde solo uno de los socios puede cambiar las reglas, y, aun así, el T-MEC sigue vivo.
Por otra parte, lo ocurrido entre enero de 2025 y agosto de 2026 no es una historia de aranceles, sino de tres capas superpuestas, donde la primera es el arancel general que Trump ligó desde su campaña al fentanilo y la migración y cuyo fundamento jurídico ha cambiado tres veces; una segunda es la de los aranceles sectoriales de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 contra el acero, aluminio, cobre, automóviles, camiones pesados, que se justifican por un tema de seguridad nacional, y que están ajenos a los vaivenes de los aranceles generales; y por último, es la revisión conjunta del artículo 34.7 del propio T-MEC, que corre en paralelo y que tiene reglas propias.
Si esas tres capas de aranceles se mezclan, da la impresión de que México gana cuando un tribunal norteamericano tumba un arancel, pero parece que va perdiendo cuando aparece otro; por lo que se deben separar para advertir la dirección real.
El 1 de febrero de 2025 Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma de 1977 que fue pensada para sancionar a los adversarios geopolíticos y que nunca fue usada con fines tarifarios, y fijó 25 por ciento de aranceles a México y Canadá. Pero. dos días después, Claudia Sheinbaum canjeó diez mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera a cambio de una pausa de un mes, es decir, se canjeó un tema de seguridad a cambio de tiempo para la economía, este precedente es importante, porque será quien a partir de ahora ordene toda la relación.
No se puede perder de vista que fue el 6 de marzo de 2025 cuando se presentó la fecha decisiva, donde al exentar a los bienes que cumplen las reglas de origen, el Tratado dejó de ser un marco que daba certeza jurídica, para convertirse en un escudo arancelario, y a partir de entonces la pregunta de los exportadores no es qué dice el tratado, sino saber si su mercancía califica. Actualmente cerca del 85 por ciento de los productos mexicanos que van a EUA lo logra; pero el resto quedó expuesto a un gravamen que cambió de tasa y de nombre, pero no de existencia.
Afortunadamente el 1 de julio de 2026 no ocurrió la catástrofe de que desapareciera el T-MEC, pero tampoco se presentó la renovación que México y Canadá esperaban. EUA se negó a extender el acuerdo por dieciséis años y activó un régimen de revisiones anuales hasta 2036, por lo que el Tratado quedó en observación obligatoria cada doce meses y la demanda central son las reglas de origen.
El subrepresentante Jeffrey Goettman lo planteó sin rodeos al mencionar que Asia usaba a México y a Canadá como puerta trasera al mercado de EUA. El dato que lo sostiene es que el contenido estadounidense de un vehículo fabricado en México cayó de cerca de 60 por ciento en 2017 a 35 por ciento en 2024. México no rechaza esa premisa; pero está disputando como será ese reparto, ya que, a más contenido regional, debería haber más contenido mexicano.
Dentro de esta disputa comercial se pueden observar dos narrativas, una positiva que presenta los datos de inversión extranjera directa (IED) que alcanzó un máximo histórico de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un aumento de 10.4 por ciento anual, en plena guerra arancelaria, el capital creció. Pero, por la otra narrativa habla de un 94 por ciento de esos datos de IED que fueron de reinversión de utilidades y las inversiones nuevas apenas sumaron mil 705 millones, solo un siete por ciento del total.
Es decir, quien ya está instalado en México se queda, debido a que desmontar una cadena integrada durante tres décadas es más caro que pagar la incertidumbre. Pero por otra parte los proyectos nuevos se quedaron en pausa, y ese es el costo de las revisiones anuales en las que va a entrar el Tratado y que no aparecen como cifras cuantificadas, y desgraciadamente para una economía que apenas crece como la mexicana, pesa más lo que no llega.
Entonces, ¿Cómo queda el T-MEC? La posible respuesta es que sea vigente, funcional, pero condicionado. Los aranceles preferenciales operan, y el 85 por ciento del comercio fluye sin gravamen, y el tipo de cambio se mantiene estable y cercano a los 17 pesos por dólar. Pero el acuerdo perdió su verdadero activo que era la certidumbre. Durante casi cuatro décadas las empresas invirtieron aquí no por los aranceles, sino por la confianza en que las reglas durarían tanto como sus proyectos de inversión.
Por último, hay que tomar en cuenta que la cuarta ronda se celebrará en Washington en la primera quincena de septiembre, y es probable que las reglas de origen se disputen hasta 2027, además la primera revisión anual coincidirá con las antesalas electorales de México y EUA, cuando la tentación de usar a México como argumento de campaña esté en su máximo nivel. Entre el Tratado que fue un contrato de largo plazo y lo que parece ser hoy, solo un permiso de renovación entre un mercado y sus proveedores está el viraje proteccionista más profundo en décadas.