El paquete económico de 2027 llegó con si nuevos impuestos, no sube el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero por debajo de esa superficie hay un cambio que redefinirá cómo se calcula la base gravable de las empresas en México y de cuyo éxito dependerá de que las cuentas cuadren.
El punto de partida es la restricción de los ingresos petroleros que caen en un 14.4 por ciento respecto al cierre estimado del 2026 al pasar del 3 al 2.5 por ciento del PIB; la mezcla mexicana se proyecta en 61.8 dólares por barril contra los 78.4 dólares de este año, además de considerar una contracción en las exportaciones de 522 a 427 mil barriles diarios. Por lo que el petróleo dejará de ser la variable de ajuste del presupuesto mexicano.
La respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es dar un salto en la recaudación tributaria hasta los 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos, lo que representa un 15.9 por ciento respecto al Producto Interno Burto (PIB), el nivel más alto registrado después del 15.2 por ciento del 2025 y el 15.4 estimado para 2026.
Se espera que el ISR crezca un 7.2 por ciento aproximadamente y en el contexto de que la economía alcance un crecimiento del 2.0 por ciento, por lo que se estima recibir 3.6 puntos por cada uno del PIB, pero no se debe olvidar que prácticamente ningún promedio histórico ha sostenido esa relación de manera espontánea, es decir que cerca de 160 mil millones de pesos del incremento del ISR no pueden atribuirse a la actividad económica por lo que deberán llegar por las medidas legales incluidas en la iniciativa y la estrategia de recaudación a implementar.
Y para lograrlo se plantean cuatro medidas, la primera es un tope a las deducciones autorizadas equivalente al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables; un límite del 50 por ciento de la utilidad para amortizar pérdidas fiscales, compensado con la ampliación del plazo de 10 a 20 años; una reducción de las deducciones de los intereses netos de entre el 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada; y por último, la eliminación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades con un cobro íntegro del impuesto diferido. Y la justificación de tales medidas está en la cifra de 524 mil empresas con ingresos positivos durante el año 2025, donde el 60.7 por ciento no pagó ISR, y de esas, siete de cada diez fueron porque sus deducciones igualaron o superaron sus ingresos
Por otra parte, se espera que el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueda ampliarse de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para las personas morales y con opción de liquidar el IVA aplicando un 7 por ciento a los ingresos cobrados, esta medida puede ser para las micro y pequeñas empresas un mejor efecto que cualquier otra disposición del paquete.
Pero, también existe un posible riesgo en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al presupuestarse para las gasolinas contribuciones por 538 mil 549.2 millones de pesos, que representan un 16.2 por ciento más que el cierre de 2026, por lo que se supone implica un retirar del estímulo a los combustibles, durante este año ese impuesto cayó 2.1 por ciento debido a que el estímulo se activó ante los incrementos en los precios altos del crudo, por lo que si el petróleo repunta, se volverían a encarecer los energéticos y esos ingresos se podrían evaporar.
También, es conveniente resaltar que a primera vista se puede considerar que la inversión total caerá 12.3 por ciento, sin embargo, este descenso se concentra en el rediseño del rescate de Pemex, debido a que el programa de Articulación de la Política de Hidrocarburos pasará de 263 mil 476 a 81 mil 100 millones de pesos, mientras que la inversión física (la que construye) aumentará aproximadamente un 3.5 por ciento real.
Al contrastar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado en 2026 respecto al proyecto para 2027, los ramos administrativos suman 2 billones 461 mil 789.8 millones de pesos, que implica una caída de 2.5 por ciento, es decir, que las secretarías verán reducidos sus ingresos; mientras que el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasará de un billón 590 mil a un billón 803 mil millones, un incremento del 9.9 por ciento. El presupuesto crecerá donde se pagan las pensiones y la salud, y se contraerá donde se administra el Estado, y nos e puede olvidar que cada una de estas decisiones, aunque legitimas, siempre traen consecuencias operativas que se van acumulando al pasar de los años.
El ajuste fiscal se pretende que sea de dos décimas del PIB en los Requerimientos Financieros del Sector Público, pasando del 4.1 a 3.9 por ciento y con un superávit primario de 0.6, pero aun con estas cifras el saldo histórico de esos requerimientos (la deuda) pasará del 54 al 55 por ciento respecto al PIB. Es conveniente precisar que buena parte del salto respecto a lo aprobado durante el año 2026 es estadística, ya que, tras la revisión de las series del PIB realizadas por el INEGI, el 52.3 por ciento aprobado ese año, equivale a un 54.5 con la nueva base.
Una novedad del PEF está en el artículo 2 de la Ley de Ingresos que faculta al Gobierno Federal a emitir deuda para canjear y poder refinanciar las obligaciones de Pemex y de la CFE dentro del monto global autorizado, una consolidación del pasivo de Pemex que las calificadoras más importantes ya habían asumido.
Por último, se espera que las transferencias federales a los estados y los municipios sumen 3 billones 48 mil 200 millones de pesos, que representan un 4.6 por ciento más que lo aprobado en el Presupuesto de 2026, con participaciones al alza de 3 por ciento y de las aportaciones de 5.9.