Este martes 27 de octubre el pleno del Senado tiene programada la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 15 de octubre con los votos de Morena, el PT y el PVEM. La Cámara Alta tiene como fecha límite el 31 de octubre y dada la mayoría oficialista, lo previsible es su aprobación, por lo que el debate legislativo está prácticamente resuelto, pero el debate económico apenas comienza.
La ley estima ingresos por 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.26 billones, aproximadamente el 59 por ciento, provendrán vía impuestos, y con un incremento anual del 3.9 por ciento respecto al 2026. Además, autoriza al gobierno federal un posible endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos, es decir, entre los impuestos y la deuda se reúne aproximadamente el 73 por ciento de los recursos públicos del próximo año.
Sin embargo, hay dos decisiones que deben analizarse, por un lado, el gobierno pretende pedirá prestado para pagar intereses, pero al mismo tiempo dejará de cobrar los intereses que le deben los contribuyentes morosos. Para entender el primer elemento se deben distinguir dos indicadores, el primero es el de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) que son la medida más amplia del déficit, es decir, lo que necesita endeudarse el sector público en un año, mientras que el costo financiero es lo que se paga de intereses y comisiones de la deuda acumulada.
Para 2027 la SHCP proyecta RFSP por el 3.9 por ciento del PIB, abajo del 4.1 por ciento del 2026 y muy lejos del 5.7 por ciento del 2024, por lo que se trata de una consolidación gradual. Se estima que el costo financiero alcance 1.575 billones de pesos, lo que equivale al cuatro por ciento del PIB, y con un aumento del 11.8 por ciento real. Es decir, el pago de intereses es mayor al déficit, o dicho de otra manera, si México no tuviera deuda, sus ingresos alcanzarían para cubrir el resto del gasto, por lo que el endeudamiento nuevo se explica por los intereses de la deuda anterior.
La oposición utilizó la analogía de “pedir prestado para pagar la tarjeta”, pero el problema es que una deuda cuyo interés se paga con más deuda crecerá por inercia, es decir, se estima que el saldo histórico de los RFSP pasará de 54 a 55 por ciento del PIB, lo que equivale a 21.6 billones de pesos, con posibilidades de alcanzar el 56.5 por ciento para 2032.
Por otro lado, los ingresos presupuestarios están estancados alrededor del 22.8 por ciento del PIB, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y la recaudación tributaria apenas alcanzaría el 15.9 por ciento del PIB, una base pequeña para un país donde la informalidad supera el 55 por ciento.
Además, la ley se calculó en base a 61.8 dólares por barril de petróleo y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar. Al cierre de septiembre el tipo de cambio FIX cerró en 17.84 pesos y para el 20 de octubre el dólar llegó a los 18.43.
Otro riesgo está en las tasas de interés, ya que si la Fed vuelve a subirlas y el Banxico se ve obligado a responder, el gobierno colocaría su deuda nueva más cara y el costo financiero proyectado quedaría por debajo del estimado.
Por otra parte, durante la discusión de la Ley Ricardo Monreal coordinador de Morena, solicitó la modificación del artículo vigésimo primero transitorio de la ley, para eliminar el tope de 300 millones de pesos de ingresos anuales que limitaba el acceso al Programa de Regularización Fiscal, este programa permite reducir hasta el 100 por ciento de las multas, recargos y gastos de ejecución, siempre y cuando se paguen los impuestos omitidos.
El diputado sostiene que no se trata de una condonación de impuestos, pero la oposición califico la propuesta como, pero el problema económico está en la naturaleza de los recargos, ya que un recargo es el costo del tiempo, y es la compensación que recibe Hacienda por no haber dispuesto de ese dinero en la fecha debida, por lo que perdonarlo equivale a otorgar a los morosos un préstamo sin intereses durante todo el periodo que decidan no pagar.
El mismo Estado que en 2027 tratará de destinar el 4 por ciento del PIB a pagar intereses de la deuda y que pedirá prestado para cubrirlos, renunciaría al cobrar intereses a los que le deben, y el gobierno estaría financiando ese hueco a tasa de mercado mientras que el deudor lo financiaría a tasa cero, es decir que el estímulo se podría convertir en un incentivo para retrasar los pagos.
El argumento a favor de estos programas está en que el SAT podrá recuperar créditos fiscales que de otra manera quedarían atorados en años de litigios, por lo que cobrar hoy un impuesto sin accesorios puede valer más que esperar. Pero si ese es el objetivo, el Senado podría condicionar el beneficio a que los contribuyentes no lo hayan usado en años anteriores, así como escalonar los descuentos según el tamaño del adeudo o incluso solicitar a la SHCP a que publique cuánto se recaudó los años anteriores y cuánto se dejó de cobrar en accesorios, ya que sin esa información no es posible saber si el programa funciona.
Solicitar deuda por un lado y perdonar recargos a los contribuyentes es parte de las políticas fiscales en todo el mundo, sin embargo, al usarlas al mismo tiempo puede mandar una señal equivocada a los organismos internacionales, gobiernos extranjeros y agencias calificadoras