Después de casi 20 horas de sesión, el 11 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, tras 193 oradores y más de mil 700 reservas, avalando recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, exactamente la misma cantidad que propuso el Ejecutivo en septiembre.
En la discusión del presupuesto, algunas de esas reservas fueron retiradas, y el decreto pasó sin cambios con 352 votos a favor y 130 en contra. Previamente el lunes 9 se había aprobado en lo general con 372 votos a favor y 102 en contra; y la diferencia entre ambas votaciones correspondió a Movimiento Ciudadano, que apoyó en lo general y rechazó en lo particular.
El único ajuste de fondo se hizo días antes en la Comisión de Presupuesto y consistió en recortar 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para reasignarlos a la educación, el medioambiente y la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros rubros, además de detallar cuánto recibe cada órgano del Poder Judicial. Seis mil millones sobre 10.6 billones equivalen a 0.06 por ciento del gasto aprobado para 2027. La pregunta que deja el proceso no es si el presupuesto es bueno o malo, sino qué fue lo que el Congreso revisó.
De acuerdo con el modelo de pesos y contrapesos en política, se supone que el presupuesto es el momento en que el Poder Legislativo ejerce su control más directo sobre el Ejecutivo. El artículo 74 de la Constitución otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el gasto, sin intervención del Senado; el Ejecutivo propone y los diputados disponen.
Sin embargo, es conveniente precisar qué es lo que puede hacer la Cámara. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) obliga a que el gasto público sea congruente con los ingresos y con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos, que se votó desde octubre, y establece que todo aumento de gasto debe acompañarse de un nuevo ingreso distinto a la deuda o compensarse con reducciones en otras partidas, es decir, el monto total queda fijado antes de que el presupuesto llegue al pleno, por lo que el hecho de que no cambiara no prueba nada por sí mismo. El margen real de los diputados está en la composición del gasto y en decidir quién recibe más y quién menos.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en el presupuesto de 2025 se reasignaron 44 mil 421.8 millones de pesos, alrededor de 0.48 por ciento de lo aprobado; para 2026 la cifra bajó hasta 17 mil 788.1 millones, 0.17 por ciento, y todas las reducciones fueron para los entes autónomos; para 2027 el ajuste se limitó a los 6 mil millones del INE. Es decir, en tres presupuestos anteriores la revisión legislativa se redujo a una octava parte, y en esta ocasión se resolvió completa en comisiones, antes de que el pleno abriera la discusión. Las casi 20 horas de sesión sirvieron para fijar posturas, pero no para modificar una sola asignación.
Este comportamiento tiene consecuencias que van más allá de los recursos, porque el presupuesto descansa sobre supuestos macroeconómicos que no se volvieron a examinar, es decir, las proyecciones de crecimiento, el tipo de cambio y los precios del petróleo con los que la SHCP calculó cuánto recaudaría y cuánto se pagaría de intereses. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del 8 de septiembre, se estimó un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2027 y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.
Pero en los dos meses siguientes la información económica cambió, por un lado, la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.9 por ciento en el tercer trimestre de 2026 respecto al anterior, y los especialistas del Banco de México elevaron su pronóstico para 2027 de 1.77 a 1.86 por ciento. Por el otro, esos mismos especialistas movieron su expectativa del tipo de cambio para el cierre de 2027 de 18.04 a 18.64 pesos por dólar, muy lejos del supuesto de Hacienda.
Un peso más débil eleva en moneda nacional el pago de la deuda en dólares y modifica los ingresos petroleros, es decir, mueve las dos columnas de la cuenta. Lo relevante no es que el supuesto se haya roto, sino que el proceso legislativo ya no tiene un momento ni un mandato para poder revisarlo una vez que la Ley de Ingresos se aprueba.
Una mayoría legislativa que comparte el programa del Ejecutivo Federal no tiene por qué modificar un presupuesto con el que está de acuerdo, y la falta de cambios puede reflejar coincidencias políticas y no sumisión. Además, el margen de maniobra siempre ha sido estrecho, ya que 30.1 por ciento del gasto aprobado es no programable, es decir, se destina a intereses de la deuda, participaciones a estados y municipios y otros pagos que el gobierno no decide, y buena parte del gasto programable está comprometida en pensiones, nómina y programas sociales con reglas propias. En muchos sistemas políticos con mayorías, el presupuesto se aprueba como lo propone el gobierno, y no es una falla de la democracia.
El argumento es razonable, pero confunde el resultado con el proceso que se sigue, es decir, que la mayoría esté de acuerdo explica la aprobación del presupuesto, no por qué se renuncia a discutirlo. Pero, más de mil 700 reservas que no llegaron a discutirse significan que ninguna propuesta alternativa se contrastó con datos frente a las del Ejecutivo. Y la rigidez del gasto, lejos de justificar la ausencia de revisión, la hace más necesaria por el costo financiero de la deuda que se estima en 1.575 billones de pesos para 2027, alrededor de 4 por ciento del PIB, unas 260 veces lo que se reasignó este año, y la deuda ampliada pasará de 54 a 55 por ciento del PIB, con una trayectoria que la propia Hacienda proyecta en 56.5 por ciento hacia 2032.Y si el Congreso no puede mover esas cifras, al menos podría preguntar por los supuestos que las sostienen; pero cuando la revisión se limita a decidir el destino de una fracción mínima del gasto, el control legislativo deja de ser un contrapeso y se convierte en un trámite.
El Presupuesto 2027 no se negoció, se ratificó, pero esto no lo vuelve ilegítimo ni técnicamente deficiente, pero sí deja sin respuesta una pregunta que será importante para los próximos años. Si la revisión del gasto ya se da en la Cámara de Diputados, se tendrá que presentar en otro lado, como en los ajustes que la SHCP haga durante el ejercicio, en la Cuenta Pública que se revisará en 2028 o en la evaluación de las agencias calificadoras. El primero y el tercero no son espacios de representación popular y el segundo llega cuando el dinero ya se gastó, de modo que la pregunta es inevitable: ¿quién está revisando los supuestos del presupuesto?