Maltrato animal en Caso Frichem podría alcanzar hasta 25 años de prisión
La Fiscalía General del Estado busca que el caso de maltrato animal registrado en la Fundación Frichem sea juzgado bajo la figura de concurso real de delitos, debido al número de perros afectados.
Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, explicó que cada animal lesionado puede representar un hecho susceptible de sanción penal.
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Ante el hallazgo de decenas de animales en condiciones de abandono y crueldad, se presentó un punto de acuerdo para que los 38 ayuntamientos refuercen la supervisiónEl funcionario informó que Juan Manuel “N”, señalado como cuidador del albergue, permanece sujeto a prisión preventiva después de que la Fiscalía judicializó la carpeta de investigación.
Los dictámenes veterinarios establecieron que los perros localizados durante el cateo presentaban lesiones y distintos grados de desnutrición, elementos que permitieron avanzar contra el encargado del inmueble.
Lazo Chapa explicó que la legislación estatal contempla una pena máxima de cuatro años de prisión para determinadas conductas de crueldad contra seres sintientes.
El artículo 261 del Código Penal de Coahuila establece actualmente una sanción de dos a cuatro años de prisión, además de multa, para diversas conductas de crueldad contra animales.
Maltrato animal podría acumular sanciones por cada perro
El delegado señaló que la Fiscalía pretende aplicar la figura jurídica del concurso real de delitos debido a que existen múltiples animales considerados como afectados dentro de la investigación.
Explicó que, aunque los hechos ocurrieron en un mismo inmueble, cada conducta puede analizarse individualmente cuando existen diferentes seres sintientes afectados por las acciones u omisiones investigadas.
De acuerdo con la explicación de Lazo Chapa, si se toma como referencia el máximo de cuatro años mencionado para cada hecho, la multiplicación por 53 animales arrojaría una suma aritmética de hasta 212 años.
Sin embargo, esa cifra no significa que necesariamente esa sea la pena que podría imponer un juez, debido a las reglas de individualización y los límites establecidos por el Código Penal estatal.
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Una persona permanece detenida y cuatro de los 51 perros sobrevivientes continúan bajo atención veterinaria; la Fiscalía analiza responsabilidades adicionalesEl Código Penal de Coahuila establece que en el concurso real el juzgador debe individualizar las penas y puede aumentarlas conforme a las reglas previstas para este tipo de concurrencia.
La legislación también establece un límite para la pena total unificada cuando los delitos que integran el concurso no son considerados graves, supuesto que resulta relevante para este caso.
En ese supuesto, el artículo 90 del Código Penal de Coahuila establece que la pena total unificada de prisión por delitos en concurso real, cuando ninguno sea considerado grave, no puede exceder de 25 años.
El delito de crueldad contra seres sintientes previsto en el artículo 261 no aparece entre los delitos graves enumerados para establecer un límite superior de 40 o 60 años.
Por ello, aunque la Fiscalía plantea analizar los hechos individualmente y el cálculo aritmético de los máximos alcanzaría 212 años por 53 animales, el límite legal de la pena unificada podría llevar el máximo efectivo a 25 años, siempre que únicamente se consideren delitos de crueldad animal no catalogados como graves y no existan otros delitos que modifiquen ese escenario.
Fiscalía detiene a representante de Fundación Frichem
La investigación también permitió obtener una orden de aprehensión contra Liberth “N”, identificada por la Fiscalía como representante de la asociación y persona que constituyó la Fundación Frichem.
Lazo Chapa explicó que la autoridad buscó acreditar que tenía una calidad de garante respecto de los animales que se encontraban bajo resguardo de la organización.
El funcionario explicó que la Fiscalía no contaba inicialmente con elementos para establecer que la representante hubiera causado directamente las lesiones a los perros.
Sin embargo, los datos de prueba recabados durante la investigación permitieron establecer, según la autoridad, que tenía responsabilidad sobre el lugar y sobre los animales que permanecían bajo cuidado de la asociación.
La orden de aprehensión fue cumplimentada después de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por elementos policiales. Lazo Chapa informó que Liberth “N” sería presentada ante un juez para la audiencia correspondiente, aunque al momento de la entrevista la Fiscalía todavía no había recibido la notificación sobre el horario exacto de la diligencia.
El delegado sostuvo que la investigación permanece abierta y que todavía se analizan posibles responsabilidades de otras personas relacionadas con el albergue.
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La Fiscalía indaga si más personas estarían relacionadas con las condiciones halladas en el refugioSeñaló que la Fiscalía continuará reuniendo información antes de determinar si existen nuevos involucrados y si corresponde solicitar otras órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial.
En relación con los narcóticos localizados durante el cateo, Lazo Chapa aclaró que las cantidades encontradas corresponden a niveles de consumo, por lo que descartó que en este momento se trate de un asunto que necesariamente deba ser turnado a la autoridad federal por las cantidades mencionadas durante la diligencia.
El caso de la Fundación Frichem comenzó con una denuncia presentada por asociaciones dedicadas al rescate y protección de seres sintientes.
Posteriormente, la Fiscalía realizó un cateo en un inmueble de Castaños, donde inicialmente fueron reportados 63 perros, mientras que las investigaciones y valoraciones veterinarias posteriores modificaron la cifra considerada dentro de las actuaciones ministeriales.
La Fiscalía ha informado que mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar responsabilidades por las condiciones en que fueron encontrados los animales. El caso representa uno de los expedientes de maltrato animal con mayor número de posibles afectados atendidos por la autoridad estatal, de acuerdo con lo señalado por Lazo Chapa.
La situación jurídica de Juan Manuel “N” continúa en proceso de definición, mientras que Liberth “N” deberá comparecer ante un juez para determinar las medidas cautelares y el desarrollo de su proceso. La responsabilidad penal de ambos deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente y no únicamente con base en las imputaciones formuladas por la Fiscalía.
