Mantiene Secretaría de Salud revisión y clausura de anexos irregulares
Como resultado de los operativos de supervisión sanitaria, la Secretaría de Salud de Coahuila ha ordenado la clausura temporal de más de 20 centros de tratamiento para personas con adicciones, conocidos como anexos, al detectar diversas irregularidades en su funcionamiento.
El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, dio a conocer que actualmente se encuentran registrados cerca de 200 centros particulares en el padrón de la Dirección de Regulación Sanitaria, de un total superior a los 400 establecimientos que en su momento fueron ubicados en la entidad y añadió que una parte de ellos dejó de operar o cambió de domicilio sin dar aviso a las autoridades.
El funcionario detalló que las revisiones se mantienen de forma constante con el propósito de ubicar y regularizar estos espacios, ya que muchos no cumplen con los lineamientos mínimos ni cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer atención adecuada a personas que enfrentan problemas de adicción.
De igual manera, el Secretario de Salud señaló que las principales causas de las clausuras están relacionadas con la falta de aviso de funcionamiento y la inexistencia de un responsable sanitario, el cual debe ser un médico con la capacidad de intervenir ante situaciones que así lo requieran.
“Hemos clausurado de manera temporal más de 20 centros; no cuentan con la documentación necesaria ni con un responsable médico, lo cual es indispensable para brindar atención segura a los internos”, afirmó.
Aguirre Vázquez añadió que en los procesos de inspección participan de manera coordinada distintas instancias, como la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, con el objetivo de revisar desde las condiciones de infraestructura hasta el respeto a los derechos humanos de las personas que permanecen internadas.
Finalmente, subrayó que las clausuras se mantendrán vigentes hasta que los responsables de los centros atiendan y solventen las observaciones señaladas por las autoridades, tanto en el ámbito sanitario como legal, a fin de garantizar un trato digno y condiciones seguras para quienes reciben tratamiento en estos espacios.
