Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechaza versión sobre su supuesta entrega a EU

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, negó haberse entregado a autoridades de Estados Unidos, luego de que circularan versiones que apuntaban a una supuesta presentación voluntaria ante la justicia de ese país.

A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario apareció desde el Jardín Botánico de Culiacán para rechazar las especulaciones y asegurar que mantiene la misma postura que expresó días atrás respecto a las acusaciones que enfrenta en territorio estadounidense.

En el mensaje, Almanza afirmó que la información sobre una presunta entrega es falsa y aseguró que ha sido objeto de desacreditaciones.

"El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. El día martes rendí una declaración ante medios de comunicación, con las cuales sigo firme", expresó.

El exmando de seguridad reiteró que no tiene previsto comparecer ante las autoridades estadounidenses, que lo señalan por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.

La declaración ocurre días después de que Marco Antonio Almanza acudiera a rendir testimonio ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el contexto de las investigaciones que se desarrollan contra exfuncionarios y mandos de seguridad en Sinaloa.

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Su comparecencia se sumó a una serie de entrevistas y diligencias realizadas por la autoridad federal para esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con presuntos nexos entre servidores públicos y grupos delictivos.

Las acusaciones en su contra fueron presentadas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer armamento de uso exclusivo y dispositivos destructivos.

De acuerdo con los señalamientos formulados por el gobierno estadounidense, en caso de ser declarado culpable, Almanza podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.

Hasta el momento, el exfuncionario mantiene su postura de enfrentar los señalamientos desde México y colaborar con las investigaciones que se siguen en territorio nacional.