El 23 de septiembre, María del Carmen Abascal, mejor conocida como Maricarmen, de 87 años y con discapacidad para caminar, fue desalojada de su departamento en el barrio de Retiro, en Madrid. Hoy el Retiro es una de las zonas más caras de Madrid.
Maricarmen llevaba 70 años viviendo ahí. De acuerdo con varios medios, ella pagaba una renta de 570 euros mensuales, con una pensión que recibía de 1,350 euros. Al comprar el edificio en el que vivía, la empresa Urbagestión le exigió una renta de 2,650 euros.
No es el primer edificio que compra la empresa dedicada a “aumentar el valor de edificios tras comprarlos, vaciarlos de inquilinos y hacer reformas”. Y los desalojos se han vuelto comunes en España y cada vez son más de propiedades en alquiler que por juicios hipotecarios. En las principales ciudades la renta ha aumentado de forma acelerada desde hace más de una década, entre otros factores por el crecimiento de empresas que especulan con los bienes inmuebles. La alta rentabilidad del sector ha atraído a grandes fondos de inversión extranjera e impulsado nuevos proyectos de inversión (compra-desalojo-reforma-renta). Como resultado, muchas personas se han visto forzadas a dejar sus barrios y mudarse a las afueras de las ciudades, lo que significa vivir lejos de sus trabajos y/o de las escuelas de sus hijos e hijas.
El desalojo de Maricarmen implicó un enorme dispositivo policial. Más de 400 personas acampaban afuera de su edificio para impedir el desalojo y fueron retiradas una por una. Maricarmen fue sacada de su casa en una camilla y llevada a un hospital. Su nombre se convirtió en bandera para la exigencia de la protección del derecho a la vivienda, frente a los intereses de las empresas inmobiliarias. El caso ha motivado manifestaciones por todo el país y la aprobación de algunas normas que protegen (aunque de manera temporal) a ciertos arrendatarios. En este contexto, el presidente el Gobierno Español anunció la disolución de las Cortes Generales (congreso).
Más allá de España, el caso plantea una crisis común en el resto del mundo. El costo de la vivienda fue un tema central en la campaña del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La candidata de izquierda, Elif Eralp, ganó en la elección regional en Alemania con el tema del acceso a la vivienda y el tope de la renta como bandera. De acuerdo con un estudio de Hábitat para la Humanidad (2026), 75% de las 30 mil personas encuestadas en América Latina y el Caribe dijeron haber reducido al menos un gasto el último año para poder cubrir los costos de vivienda. Casi 60% de las personas en Canadá considera que tener una vivienda propia está fuera de su alcance. Y, en México, 8 de cada 10 personas afirmaron haber reducido al menos un gasto en alimentos o evitado la atención médica durante el último año para poder pagar la vivienda.
Según el Reporte Mundial de Ciudades (2026) de la ONU, el déficit global de vivienda aumentó entre 2010 y 2023. Actualmente, 3,400 millones de personas viven sin acceso a viviendas seguras y adecuadas.
En muchas partes del mundo, como América Latina, la crisis de vivienda no es nueva. Quizás lo nuevo es que afecte a ciudades y sectores que antes se consideraban blindados, como las ciudades del primer mundo. Pero la crisis actual lleva de nuevo al modelo económico y a la pregunta sobre los límites que deben ponerse al mercado. Los gobiernos deben retomar el compromiso de construir viviendas dignas (en las áreas conurbadas), que se limiten los departamentos turísticos, que se establezcan reglas de protección para personas en situaciones de vulnerabilidad y se regulen precios en ciertas zonas.
Como señaló el relator especial de la ONU, no puede primar la rentabilidad sobre un derecho, en este caso, el de la vivienda. El caso de Maricarmen deja la pregunta: ¿quién tiene derecho a quedarse en su casa? Si la vivienda es solo un activo, el derecho es para quien puede pagar más.
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