Más de 2 mil personas en prisión preventiva podrían votar en Coahuila
Alrededor de 2,400 personas podrían participar en el programa especial para garantizar el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva en Coahuila, al no haber recibido sentencia y mantener vigentes sus derechos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad avanza en la implementación de este ejercicio democrático.
Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, mencionó que recientemente se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, con el objetivo de que los seis centros penitenciarios locales, junto con el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ubicado en Ramos Arizpe, formen parte del programa. Castillo Morales explicó que la intención es llevar las urnas directamente a las sedes penitenciarias, garantizando que quienes están recluidos sin sentencia puedan ejercer su derecho al sufragio.
El funcionario recordó que en la elección anterior se realizó un programa más limitado, únicamente en dos centros femeniles: el de Piedras Negras y el de Saltillo. En esta ocasión, el alcance será mayor, pues se incorporarán los siete centros penitenciarios estatales, incluyendo el varonil de Torreón, el femenil de San Pedro, el varonil y femenil de Saltillo, además de los ubicados en Piedras Negras y Monclova.
“En todos estos centros lo vamos a implementar; en principio, alrededor de 2,400 personas estarían en la posibilidad, aunque hay un procedimiento para determinar finalmente cuántos serán”, puntualizó.
Además del voto en prisión preventiva, el INE en Coahuila pondrá en marcha una prueba piloto con urnas electrónicas en casillas especiales. Estas casillas están destinadas a personas en tránsito, es decir, ciudadanos que se encuentran fuera de su sección electoral y no pueden acudir a su casilla básica. Se prevé instalar entre 16 y 17 casillas especiales en distintos puntos del estado, donde se aplicará este mecanismo aprobado por el Consejo General del INE.
Castillo Morales subrayó que estas acciones buscan fortalecer la inclusión y la participación ciudadana en el proceso electoral, asegurando que sectores tradicionalmente marginados, como las personas privadas de la libertad sin sentencia, puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
