De cada piedra del crimen organizado que se levanta en el país salen alacranes, muertes, desaparecidos y reclutamiento forzado. La fuerza de estos grupos, su poder económico y político han generado una captura creciente frente a un Estado debilitado. Existe una ecuación con dos partes: la estructura de las instituciones de procuración e impartición de justicia en México se encuentra débil y vulnerable; la otra es el factor externo, la presión de Estados Unidos, del gobierno de Trump, que cada día empuja más a la autoridad nacional para que intervenga en contra del crimen organizado.
Hoy atravesamos un momento especialmente complicado, en donde se cuestionan todos los ingredientes de la relación entre México y Estados Unidos. Además de que somos el principal socio comercial, también nos han ubicado como una pieza central de la seguridad nacional del imperio. Esa posición significa que la estrategia trumpista contra los cárteles de la droga afecta de forma directa a nuestro país, y por eso nos amenazan cotidianamente. El trato de Trump hacia nuestra presidenta en materia de crimen organizado ha sido muy consistente: una presión que sube de tono, hasta afectar al sistema de poder del partido gobernante. Una cosa es mandar capos y delincuentes a Estados Unidos, ya van 92 en dos entregas, y otra muy distinta es pedir la extradición de un gobernador en funciones y 9 integrantes de su equipo cercano.
En el documento National Drug Control Strategy, Trump planta su idea de lo que ha puesto en práctica en su segundo gobierno. Se pueden destacar dos planteamientos, a) se ha equiparado el narcotráfico con el terrorismo y se le combatirá de la misma forma, a través de la fuerza y del control de fronteras, finanzas y la eliminación física o legal. b) México está mencionado en ese documento muchas veces y de ahí surge la amenaza más reciente de Trump: si ustedes no lo hacen, no pueden o no quieren hacer el trabajo, entonces lo haremos nosotros. ¿Así o más directo? ¿Qué sigue para México en la estrategia trumpista? La presidenta Sheinbaum se la ha pasado manejando el discurso de la soberanía nacional y de que nadie nos va a decir cómo gobernar, porque aquí gobierna el pueblo de México.
El caso de Sinaloa y Rocha Moya ha puesto en jaque al gobierno. Hay reglas en los tratados de cooperación entre los dos países para el tema de las extradiciones, pero la pregunta nos debilita: ¿por qué el gobierno mexicano no hizo nada antes de las presiones de Estados Unidos? ¿Por qué los grandes capos no han sido juzgados en el país? ¿Por qué nuestras instituciones de justicia se encuentran en un estado de vulnerabilidad que no pueden contener la potencia de los grandes cárteles del crimen organizado? La respuesta de Sheinbaum es que aquí sí se han hecho cosas y hay avances, pero para el vecino parece que eso no alcanza. Los malos olores de la impunidad se generalizan; además, el doble rasero es evidente entre Chihuahua y Sinaloa, porque "a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas".
La estrategia trumpista le pega a México de forma directa, es decir, a un sistema político que se ha corrompido y en muchas posiciones y niveles está capturado por el crimen organizado. No se sabe cuáles serán los siguientes episodios y personajes en la demanda del gobierno de Estados Unidos contra el llamado "narcoterrorismo". Hay mucha especulación de que Sinaloa y Rocha son el principio contra los narcopolíticos. ¿Existe una lista de narcopolíticos? ¿El gobierno de Sheinbaum limpiará la casa o simplemente esperará los siguientes golpes para continuar con el discurso de la soberanía? La soberanía se construye con fortalezas institucionales, y solo así se podrán superar las enormes vulnerabilidades de nuestro sistema de justicia, que cada día está más enclenque con la reforma judicial y el desastre de las fiscalías.
La agenda interna de combate al narcotráfico se maneja desde Estados Unidos, se habla de cooperación, pero nuestra soberanía está cada día más debilitada…