México frente al riesgo de captura institucional por el crimen organizado: diputado
El crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un riesgo estructural que amenaza con la captura total de las instituciones mexicanas, afirmó el diputado federal Marcelo Torres Cofiño al considerar que la vulnerabilidad del Estado y la parálisis política frente a acusaciones graves contra mandatarios estatales han encendido las alarmas en distintos sectores.
En este contexto, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca romper de raíz con la impunidad estructural y los bloqueos políticos que históricamente han protegido a gobernadores señalados por nexos delictivos.
La propuesta plantea modificaciones integrales a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con dos ejes centrales, la activación automática de un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República ante indicios fundados o imputaciones formales, y la eliminación absoluta del fuero en casos graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o narcotráfico. Además, se ordena la separación cautelar del cargo una vez que el servidor público sea vinculado a proceso.
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“México enfrenta una crisis inédita donde las instituciones locales corren el riesgo de convertirse en trincheras de las mafias. Los recientes señalamientos internacionales e investigaciones judiciales de gran impacto no pueden seguir topándose con la inacción o la complicidad del compadrazgo político. El fuero constitucional se diseñó para proteger la función pública, jamás para operar como un escudo de impunidad absoluta frente a delitos que ensangrientan a nuestra sociedad”, dijo Torres Cofiño.
El legislador subrayó que la iniciativa respeta los principios de presunción de inocencia y debido proceso, pero introduce un mecanismo automático, jurídicamente robusto y despolitizado.
“Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos. No se trata de prejuzgar, se trata de blindar al Estado mexicano y proteger la seguridad de la gente. La ley debe medir a todos con la misma vara”, enfatizó.
La reforma prevé plazos estrictos de 180 días naturales para que tanto el Congreso de la Unión como las entidades federativas adecuen sus marcos jurídicos secundarios una vez publicado el decreto, cerrando definitivamente las ventanas de discrecionalidad que han permitido la impunidad. Con ello, se busca que las instituciones mexicanas dejen de ser vulnerables a la infiltración criminal y que la justicia actúe sin condicionamientos políticos.
El diputado consideró que México no puede seguir tolerando que el fuero se convierta en un blindaje para quienes son acusados de delitos que atentan contra la seguridad nacional y afirmó que, si quienes ostentan el poder tienen las manos limpias, no deberían temer a perder el fuero.
