Gracias a los videos de Taddei y Alfredo Hernández Casillas, hay información increíble sobre la colusión entre funcionarios y proveedores en el negocio de la credencial de elector. Por lo que se entiende de la conversación, de los 68 millones de dólares anuales del posible contrato, Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, se quedaría con unos 30 millones para cubrir los costos de producción, además del 70 por ciento del resto. En otro cálculo mencionado, unos 15 millones de dólares se repartirían presuntamente entre Taddei y Hernández Casillas, que equivale al 21 por ciento de los 68 millones. El presunto moche sería aproximadamente el doble del diezmo que se decía se cobraba antes.
Una empresa legalmente constituida paga el 30 por ciento de impuestos por sus utilidades. Un funcionario de una entidad pública le puede cobrar el 20 por ciento a quien elija como contratista. El impuesto es para financiar el gasto público; el moche es para drenarlo.
Esas empresas que pagan por sobornos 20 por ciento de su contrato, ¿lo deducen como gastos? ¿Tienen utilidades o el moche y otras trampas les sirven para llevar su utilidad a cero y no pagar impuestos? Quienes están en la industria de recibir moches, ¿cómo justifican fiscalmente esos recursos?, ¿pagan impuestos sobre esos ingresos o todo es en efectivo? ¿El gobierno no investiga esto? Tendrían mucho material.
El presupuesto del INE de 2026 para compras de bienes y servicios asciende a 3,700 millones de pesos, marginal en relación con las contrataciones registradas del gobierno federal en ComprasMX, unos 810 mil millones de pesos durante el primer año de este gobierno. Sería una investigación útil para un mejor uso de los recursos públicos hoy, pero ya decidieron acusar al pasado para proteger al presente.
En Morena afirman que los recursos públicos son del pueblo, pero el dinero del gobierno lo manejan ellos y sólo una parte le llega a la gente. El gasto en transferencias sociales, los programas sociales prioritarios dentro de los cuales la pensión de adultos mayores cuesta como la mitad, representa casi el 10 por ciento del gasto neto total del presupuesto federal aprobado de 2026.
El resto del gasto público puede no llegarle al pueblo. Una buena parte se va a cosas inútiles. Las 4 megaobras de AMLO costaron más que un año de transferencias sociales. Una parte de ese gasto se fue a los moches de los contratistas. No siempre hay videos tan explícitos sobre cómo se reparte, pero si 20 por ciento es el nuevo diezmo, serían unos 220 mil millones de pesos por esas obras del sexenio pasado. No fueron inútiles para ellos.
El origen de los recursos del gobierno no es del pueblo en abstracto. Los grandes contribuyentes, el 0.02 por ciento del padrón, pagan el 52 por ciento de la recaudación total. Si lo contabilizamos únicamente a partir de los impuestos que pagan los hogares, siete de cada diez reciben más gasto social del que pagan en impuestos.
No sorprende. El 55 por ciento de quien trabaja lo hace en la informalidad. No paga ISR. El IVA que paga tampoco es gran cosa, pues una parte importante de los bienes que consume son de IVA cero y otra la compra en la informalidad donde queda fuera del alcance del fisco. A los informales, base del pacto político de Morena, les llegan los recursos de programas sociales prioritarios, más apoyos de vivienda y salud. Los trabajadores formales pagan los suyos con cuotas del IMSS y del Infonavit.
Una parte de la sociedad paga los impuestos, otra recibe transferencias. Según encuesta de Alejandro Moreno publicada en agosto, la aprobación presidencial es del 78 por ciento entre quienes reciben transferencias y del 47 por ciento entre quienes no. La diferencia ha ido creciendo. Entre ambos grupos están aquellos funcionarios del gobierno que se quedan con su tajada, la cual van a defender al precio que sea. En eso están.