Una mujer entra a una oficina pública con una carpeta desgastada entre las manos. Busca a un hijo desaparecido. Otra intenta entender por qué el hombre que la golpeó sigue libre. Un padre recorre juzgados porque no puede pagar un abogado para defender a su hija. Todos llegan con la misma esperanza: que el Estado haga aquello para lo que existe. Escuchar, proteger y hacer justicia. Con demasiada frecuencia salen con la sensación de haber tocado una puerta vacía.
No siempre fue distinto. Sería deshonesto decir que los gobiernos del PRI y del PAN construyeron un sistema ejemplar para las víctimas. Nunca lo hicieron. Durante décadas, las familias aprendieron que denunciar significaba enfrentar ministerios públicos saturados, investigaciones deficientes y una burocracia incapaz de responder con la urgencia que exige el dolor. Pero si aquello era insuficiente, lo que estamos viendo hoy resulta todavía más preocupante: instituciones debilitadas precisamente cuando el país vive la mayor crisis de violencia de su historia reciente.
Miles de familias buscan a sus seres queridos con recursos propios, organizan brigadas, excavan fosas y realizan el trabajo que constitucionalmente correspondería al Estado. México acumula oficialmente más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. A ello se suman cientos de miles de víctimas de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, violencia familiar y delitos sexuales que cada año ingresan a un sistema de justicia rebasado. Frente a esa realidad, cualquier gobierno comprometido con los derechos humanos tendría una prioridad evidente: fortalecer las instituciones que acompañan a las víctimas y garantizan una defensa adecuada. Ha ocurrido lo contrario.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha enfrentado durante años reclamos por retrasos, falta de personal y limitaciones para brindar asesoría jurídica y acceso a la reparación integral. Las comisiones de búsqueda sobreviven entre presupuestos insuficientes y exigencias que crecen mucho más rápido que su capacidad de respuesta. Los colectivos han tenido que convertirse en investigadores, peritos y rescatistas porque las instituciones simplemente no alcanzan. Y ahora se suma un hecho que debería indignar a cualquiera que crea en el Estado de derecho: el despido de las 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Conviene detenerse un momento en esa cifra. Cuarenta y tres personas pueden parecer pocas dentro del aparato gubernamental. No lo son cuando se trata de perfiles altamente especializados. No eran auxiliares administrativos. Eran profesionales encargadas de elaborar estudios sociales y socioeconómicos, identificar condiciones de vulnerabilidad y aportar información indispensable para que una defensa jurídica comprendiera el contexto completo de una persona. Eran quienes ayudaban a explicar por qué una mujer víctima de violencia permaneció con su agresor, por qué un adolescente abandonó la escuela, por qué una persona indígena enfrentaba barreras culturales o por qué una familia carecía de recursos para enfrentar un proceso judicial. Su trabajo no era accesorio; era parte de una justicia que aspira a tratar personas y no únicamente expedientes.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Mientras se amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y miles de personas enfrentan procesos penales antes de recibir una sentencia, el Estado reduce la capacidad técnica de la institución encargada de garantizar el derecho de defensa de quienes no pueden pagar un abogado. Mientras aumenta la demanda de atención especializada, disminuyen quienes pueden brindarla. Mientras el discurso oficial habla de poner primero a los más vulnerables, las decisiones administrativas parecen caminar exactamente en sentido contrario.
Todo esto ocurre, además, en un contexto donde la reforma judicial prometió una justicia más cercana a la gente. Esa promesa pierde fuerza cuando quienes sostienen cotidianamente el sistema son separados de sus funciones. La justicia no mejora únicamente cambiando jueces o modificando leyes. También depende de psicólogos, asesores jurídicos, trabajadores sociales, defensores públicos, peritos y especialistas que acompañan a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas. Sin ellos, el acceso a la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una aspiración.
Las víctimas no suelen encabezar las tendencias en redes sociales durante mucho tiempo. Tampoco generan la atención constante que producen los conflictos políticos del día. Su dolor es silencioso y prolongado. Esperan meses para una cita, años para una sentencia y, en demasiados casos, décadas para conocer la verdad. Mientras tanto, las instituciones que deberían sostenerlas continúan perdiendo capacidades. No hace falta cerrar una oficina para abandonar a las víctimas. Basta con dejarla sin personal suficiente, sin presupuesto o sin especialistas.
Un país se define por la manera en que trata a quienes más necesitan de sus instituciones. México tiene hoy más víctimas que nunca. Esa es la tragedia que no aparece en las estadísticas de incidencia delictiva: la lenta desaparición de las manos que acompañaban, visibilizaban, orientaban y defendían a quienes ya habían perdido demasiado.
