Morena justifica que ASF investigue al INE; oposición exige revisar primero la gestión de Taddei

La decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de investigar las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) abrió un nuevo choque entre bancadas en el Senado.

Mientras Morena respaldó la revisión histórica, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la fiscalización abarque 25 años y exigieron centrar la atención en las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

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Morena respalda revisión amplia de la ASF

El presidente del Senado, Higinio Martínez, rechazó que la revisión sea un despropósito o una maniobra para desviar la atención. Sostuvo que, si la ASF tiene facultades legales, puede investigar los ejercicios que considere necesarios.

"Por un año, por dos, por diez, por veinte. Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema", afirmó.

También dijo que las investigaciones no deben limitarse al INE, sino extenderse a todas las instituciones donde existan señalamientos de corrupción.

"Vamos a limpiar todo. Vamos a darle una sacudida", expresó.

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Oposición pide revisar primero la gestión de Guadalupe Taddei

El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones advirtió que revisar contrataciones de hace dos décadas puede convertirse en un asunto político, al recordar que existen plazos de prescripción para responsabilidades penales, administrativas y fiscales.

Explicó que las responsabilidades penales prescriben a los cinco años y las administrativas o fiscales a los diez, por lo que cuestionó la utilidad de una investigación tan amplia. A su juicio, la fiscalización debe concentrarse en decisiones recientes y, en particular, en las atribuciones que tuvo Taddei para realizar nombramientos de manera unilateral.

Beltrones adelantó que presentará una iniciativa para restablecer la colegiación en los nombramientos de funcionarios del INE y para que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobadas por el Consejo General y no por una sola persona.

El priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser transparentar la gestión de Taddei y las decisiones de su equipo.

Consideró que la revisión histórica puede ajustarse a la norma, pero insistió en que la ciudadanía espera saber qué irregularidades ocurrieron durante la presidencia de la funcionaria y cuáles tendrán consecuencias administrativas o penales.

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Por el PAN, Miguel Márquez pidió a la ASF enfocarse en los hechos actuales y evitar que las investigaciones históricas desplacen los señalamientos recientes.

Calificó el anuncio como una "cortina de humo" y sostuvo que las irregularidades denunciadas en el INE deben investigarse sin proteger a nadie.

"Que caiga quien caiga", expresó, al advertir que la institución electoral necesita recuperar la confianza y garantizar imparcialidad, certeza y legitimidad rumbo a las elecciones de 2027.

Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio calificó de "completamente sin sentido" ampliar las investigaciones hasta 2000 y acusó que se busca construir una "cacería de brujas" para desviar la atención de los señalamientos actuales en el sistema electoral.

Afirmó que las autoridades deben asumir su responsabilidad sobre lo que ocurre en 2026, en lugar de buscar culpables en administraciones anteriores.

Colosio Riojas consideró que la revisión histórica puede usarse para alimentar una narrativa política y evitar que se esclarezcan las presuntas irregularidades recientes relacionadas con las contrataciones del INE.

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El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó una postura más cautelosa. Aunque consideró que la ASF puede tener motivos para revisar auditorías anteriores, pidió priorizar los recursos disponibles y atender también los pendientes de fiscalización de años recientes.

"Lo más valioso es cuidar los recursos de la Auditoría Superior de la Federación, que no son los que debieran ser", señaló.

El legislador añadió que una auditoría no debe limitarse a exhibir posibles ilícitos, sino permitir recuperar recursos públicos y sancionar a los funcionarios responsables.