Munición hecha para el ejército de Estados Unidos terminó en ataques armado de Coahuila: NYT
Un reportaje de The New York Times, elaborado en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), expone cómo municiones de alto poder fabricadas en una planta propiedad del Ejército de Estados Unidos han terminado de forma sistemática en manos de los cárteles mexicanos, permitiéndoles superar en armamento a policías y, en algunos casos, incluso a fuerzas militares.
La investigación parte del ataque ocurrido el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila, cuando un convoy de hombres armados con rifles calibre .50 y una ametralladora pesada irrumpió en el municipio con la intención de incendiar el ayuntamiento.
La potencia de fuego paralizó a las corporaciones policiales locales y estatales mientras la población buscaba refugio. El saldo fue de cuatro policías y dos civiles muertos, además de 19 integrantes del cártel abatidos.
En el lugar del ataque, las autoridades encontraron al menos 45 casquillos calibre .50 marcados con las iniciales “LC”, correspondientes a la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, en Missouri, el mayor fabricante de municiones para rifles utilizados por las fuerzas armadas estadounidenses.
Según documentos judiciales, registros oficiales y datos de incautaciones analizados por The New York Times y el ICIJ, esta planta ha sido una de las principales fuentes de munición calibre .50 que termina en el mercado civil y, posteriormente, en redes de contrabando hacia México.
Aunque el mercado civil estadounidense de este tipo de munición es limitado y costoso, la demanda en México es elevada debido al poder destructivo de estas armas.
Los cárteles han utilizado rifles calibre .50 para derribar helicópteros, atacar convoyes policiacos y asesinar a funcionarios. Desde 2012, la ATF ha incautado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México, y aproximadamente un tercio de ellos proviene de Lake City, una proporción superior a la de cualquier otro fabricante.
El reportaje detalla que, pese a que el Congreso de Estados Unidos prohibió en el año 2000 la venta de munición perforante calibre .50 a civiles, la legislación dejó fuera los cartuchos estándar. Esto permitió que, mediante contratos con operadores privados y esquemas de reciclaje de componentes, grandes volúmenes de munición fabricada en Lake City ingresaran al mercado comercial.
Con el paso de los años, y particularmente a partir de 2015, la violencia ligada a los cárteles se intensificó en México, al mismo tiempo que aumentaron las incautaciones de este tipo de munición. Entre 2019 y 2024, la ATF decomisó más de 36 mil cartuchos calibre .50 en la frontera sur, mientras que Aduanas aseguró más de 21 mil, incluidas miles de balas incendiarias perforantes.
El impacto humano de este flujo ilegal queda reflejado en testimonios como el de Brenda Aparicio Villegas, viuda de un policía asesinado en Michoacán durante una emboscada atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese ataque también se localizaron casquillos de Lake City.
“No se ha hecho lo suficiente para detener el flujo de armas y municiones a México”, afirmó.
De acuerdo con exagentes de la ATF citados por The New York Times, no es la cantidad sino la potencia del calibre .50 lo que ha inclinado la balanza a favor de los cárteles. “Realmente influyen en la balanza”, señaló uno de ellos, al explicar que estas armas permiten atacar objetivos a distancias superiores a una milla.
El reportaje realizado documenta cómo una cadena legal de producción y venta en Estados Unidos ha tenido consecuencias directas y letales en la violencia que enfrenta México.
