El gobierno quiere estimular la inversión. Urge. La tendencia a la baja en la inversión empezó en septiembre de 2024, cuando quedó claro que se aprobaría la reforma al Poder Judicial.
Este lunes en nutrida reunión con empresarios, se decretó la Autorización Inmediata de Inversiones y se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior a fin de acelerar trámites para estimular la economía. Entre menos estorbe el gobierno, mejor. Pero son paliativos frente a la profundidad de los problemas.
Una de las mayores restricciones para quienes sí quieren invertir es la falta de electricidad. El gobierno sigue estorbando con una regla absurda: el 54 por ciento de la electricidad la debe generar la CFE. ¿Por qué no dejar a los privados desarrollar una oferta eléctrica de calidad a precios competitivos y regularlos adecuadamente?
Un gobierno preocupado por el crecimiento debería concentrarse en lo que los privados no pueden hacer. Los de otros países apoyan activamente a quienes invierten. No lo veremos acá. Desconfían de la inversión privada. Esta ideología estorba al crecimiento.
Otras promesas consisten en actuar como lo hacen los gobiernos en otros países: que las revisiones fiscales, cuando las haya, sean integrales y una por ejercicio, que se observe el principio de no retroactividad, etc. Acá es un avance porque el causante enfrenta a un SAT arbitrario y sin mecanismos administrativos ni judiciales neutrales. Los nuevos jueces, electos vía acordeones coordinados desde el poder, son quienes revisarán los litigios fiscales.
Una falla del contribuyente puede llevar a acusaciones penales. No así para un funcionario que despilfarre recursos públicos, o incluso cuando comete ilícitos. En los regímenes autoritarios el privado vive bajo riesgos; el funcionario, blindado.
Aun si los inversionistas creen en la palabra presidencial, nada asegura que sus subordinados le hagan caso. Menos aún se sabe qué hará su sucesor con un poder tan concentrado.
Otro costo de no tener instituciones competentes y creíbles es el tiempo que pasa la Presidenta arreglando entuertos. El martes, una foto de Reforma la mostró estudiando papeles junto a Mario Delgado y al director del IPN. Estaban revisando si la Fundación Politécnico -encargada entre otras cosas de diversos programas de becas- está bien administrada.
Muchas decisiones se aplazan porque se requiere el visto bueno de la jefa del Ejecutivo. Su tiempo es finito, y pasan semanas sin que se resuelvan asuntos que debieran atenderse en otros niveles. Desconozco si Sheinbaum se siente obligada a hacerlo porque los procesos administrativos están desestructurados, los responsables no tienen las competencias necesarias y la sospecha de corrupción es rampante, o porque es su estilo.
Luego deciden sin sopesar las implicaciones. El jueves, el secretario de Educación anunció un cambio en el calendario escolar. Al día siguiente su jefa dijo que era sólo una propuesta. Hoy no se sabe cuál calendario escolar tendrá México.
La FGR es constitucionalmente autónoma, y con ese argumento Sheinbaum esquiva cualquier asunto penal. Nadie lo cree. Lo que concluya la FGR respecto a si el gobernador con licencia Rubén Rocha está vinculado o no al crimen organizado habrá sido acordado en Palacio.
No estorbar e impulsar proyectos de infraestructura no resolverá el bajo crecimiento económico. Menos con la incertidumbre creciente en la relación con Estados Unidos y sus impredecibles implicaciones arancelarias.
Tras 18 meses en el poder Sheinbaum tendrá que marcar con claridad qué país quiere construir y tomar las decisiones congruentes para lograrlo, incluido, espero, cómo aprovechar el momento para tratar de avanzar en forma decisiva en la colusión entre poder político y crimen organizado. Es un viejo problema, como los defensores del régimen insisten, pero se intensificó como nunca por la estrategia de hacer cualquier cosa para llegar, y mantenerse, en el poder.
ÁTICO
Acelerar trámites e impulsar proyectos de infraestructura son paliativos, pero no resolverán el bajo crecimiento.