Nueva era en Suprema Corte
Con solo un 13 por ciento de participación ciudadana, México celebró en junio pasado una histórica elección judicial derivada de una reforma del mismo nombre impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La polémica jornada democrática derivó en la reestructura total del sistema judicial mexicano, integrando una nueva Suprema Corte, eliminando las Salas Primera y Segunda del máximo tribunal federal, así como de tribunales locales.
Para la presidenta, ese 13% es, en realidad, muestra de un “éxito”. Y para la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la participación “cumplió las expectativas”.
Las funcionarias hicieron una comparación con la consulta popular impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2021 sobre el enjuiciamiento de expresidentes, en la que participó el 6%.
“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.
Dicha elección, sin embargo, no era vinculante ni generó el revuelo político que ésta ni modificaba de manera estructural un pilar del Estado.
También hubo una consulta, en 2022, sobre el mandato de AMLO, en la que participó el 18%.
Sheinbaum también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20%.
Actualmente, la Suprema Corte está integrada por Hugo Aguilar Ortiz (Presidente), Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra.
Los ministros y demás juzgadores asumieron sus cargos el pasado 1 de septiembre.
El impulso de la elección judicial tuvo su origen en que las reformas impulsadas por AMLO entre 2018 y 2024 fueron bloqueadas por la justicia, que se convirtió en el actor principal de su oposición. La reforma se volvió una puja política.
De fondo además está que la corrupción, el nepotismo y la influencia del narcotráfico marcan al sistema de justicia mexicano. Al menos 90.000 personas privadas de la libertad no tienen condena. El sistema es lento y opera de manera desigual para cada ciudadano.
Pero la urgencia política de la reforma primó sobre su pertinencia judicial.
De acuerdo con Humans Rights Watch, el proceso electoral socavó la independencia judicial en México.
“Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma sólo cree un poder judicial leal al gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), México es el único país del mundo en el que “la totalidad de los jueces [es] elegida mediante sufragio universal”.
Bloqueos carreteros de productores paralizan México
Los bloqueos carreteros por parte de agricultores del país que afectaron a miles de personas de al menos 12 estados del país finalizaron de forma temporal luego de más de 3 meses de negociaciones con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Los campesinos mantuvieron su postura de obtener un precio de garantía mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco, y 6 mil pesos por tonelada de sorgo para poder levantar los mega bloqueos que se presentaron, principalmente en el centro y Bajío.
Miles de personas se vieron obligadas a pasar la noche en las carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán principalmente ante el cierre de vías durante el inicio de las protestas, mismas a las que se sumaron transportistas.
En Jalisco, los productores mantuvieron bloqueados al menos 11 puntos carreteros de la entidad. Se vieron colapsados los principales ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y mucha gente no pudo llegar a su trabajo. En la nueva central camionera se suspendieron varias corridas y había decenas de personas varadas.
También estuvieron cerradas las autopistas Guadalajara-Colima, Autopista 90 (a la altura de Ocotlán); Carretera 15, Guadalajara-Nogales y la Morelia-Guadalajara.
Guanajuato fue la entidad más afectada por los bloqueos. La Secretaría de Seguridad y Paz del estado reportó al inicio de las protestas 29 vías con afectaciones —25 con cierre total y cuatro con cierre parcial— en 17 municipios.
Los bloqueos también se presentaron en carreteras estatales y federales de Durango y Coahuila, donde las principales exigencias tanto de productores como de transportistas era la seguridad, esto tras una ola de extorsiones que mantuvo en constantes protestas y exigencias de acción al Gobierno federal.
El pasado 18 de diciembre Tras casi nueve horas de negociaciones entre el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Gobierno federal se desactivaron los bloqueos carreteros para lo que resta del año.
A cambio, las Secretarías de Agricultura, Economía y Alimentación para el Bienestar fijaron un calendario de mesas técnicas de trabajo donde atenderán las propuestas de los campesinos en torno a la pignoración de granos básicos, acopio de maíz y frijol, la salida de los granos básicos y oleaginosas del Tratado de Libre y Comercio (TMEC), el sistema de ordenamiento y comercialización del maíz, además de una política agroalimentaria.
Tras desactivar los bloqueos carreteros de campesinos y transportistas durante las fiestas decembrinas; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que un servidor público atiende de mejor manera cuando no hay bloqueos.
“Somos servidores públicos y por obligación tenemos que atender, pero nuestro punto. (es) que no se afecte a la población. No tienen necesidad de afectar a la población si los estamos atendiendo”, recalcó Rodríguez durante una conferencia mañanera en Palacio Nacional.
