Obreros de AHMSA rechazan otra prórroga de 90 días y exigen concretar la venta
Los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron la posibilidad de prolongar otros 90 días el proceso de venta de la siderúrgica. Exigieron que cualquiera de los seis postores calificados deposite la garantía de 56.3 millones de pesos antes del vencimiento del plazo judicial, previsto para este martes 13 de octubre, y permita avanzar hacia el pago de los finiquitos laborales.
Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de trabajadores que permanecen en resistencia, manifestó que existe una creciente preocupación entre las familias obreras por la falta de una solución definitiva. Señaló que el número de extrabajadores fallecidos durante la prolongada crisis de AHMSA aumentó a 94, sin que hasta ahora sus familias hayan recibido una respuesta general al problema de las liquidaciones pendientes.
El dirigente sostuvo que los trabajadores no tienen preferencia por alguno de los inversionistas interesados en adquirir la empresa. Su principal exigencia consiste en que se concrete el depósito correspondiente y continúe el procedimiento judicial, sin nuevas solicitudes de ampliación que retrasen todavía más la recuperación de sus derechos laborales y la posible reactivación de la siderúrgica.

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Valenzuela de la Torre explicó que los extrabajadores mantienen sus expectativas en el vencimiento del plazo concedido a los postores para acreditar su participación en la subasta. La garantía requerida asciende a 56 millones 368 mil 903 pesos, equivalente al cinco por ciento del precio mínimo establecido para la venta conjunta de AHMSA y Minera del Norte.
El representante obrero insistió en que cualquiera de los interesados puede concretar la operación, siempre que cumpla las condiciones establecidas por el juzgado. Reiteró que los trabajadores no respaldan exclusivamente la propuesta de Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, pues consideran prioritario concluir el procedimiento y evitar que la incertidumbre continúe afectando a miles de familias.
“Nosotros esperamos con ansias que cualquiera de los postores haga el depósito. Lo que no queremos son los 90 días”, expresó. Consideró que una nueva ampliación del procedimiento no representa ningún beneficio para quienes llevan años esperando sus finiquitos, por lo que confió en que la autoridad judicial mantenga las medidas necesarias para dar continuidad a la venta.

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Respecto a la posibilidad de que Cargill Financial Services International y Grupo Afirme integren un consorcio para adquirir la siderúrgica, Valenzuela de la Torre manifestó que los trabajadores aceptarían cualquier alternativa viable. Sin embargo, condicionó su respaldo a que la operación no represente otros tres meses de espera para las familias afectadas por la paralización de AHMSA.
Ambos acreedores garantizados solicitaron un periodo de 90 días para explorar la integración de un consorcio y preparar una eventual propuesta de adquisición. No obstante, aclararon ante el juzgado que las conversaciones mantienen un carácter preliminar y no representan un compromiso definitivo de compra, por lo que todavía no existe certeza sobre esa alternativa.
El representante de los trabajadores cuestionó que se concedan nuevos plazos mientras permanece pendiente el pago del pasivo laboral. Consideró que cualquier esquema de adquisición debe contemplar mecanismos para comenzar a cubrir las liquidaciones, sin trasladar nuevamente a los extrabajadores las consecuencias de las negociaciones entre acreedores, inversionistas y responsables del procedimiento concursal.
“Ya son cuatro años y el pasivo laboral sigue siendo el mismo”, expresó al reclamar que se coloque a los obreros entre las prioridades del proceso. Señaló que, aunque los créditos laborales tienen un tratamiento preferente dentro de la legislación, las familias continúan esperando una solución económica después de varios años de incertidumbre.

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Valenzuela de la Torre manifestó especial preocupación por el fallecimiento de extrabajadores que permanecían a la espera de sus liquidaciones. Aseguró que el registro que llevan los integrantes del movimiento de resistencia aumentó a 94 obreros fallecidos, situación que, afirmó, refleja la urgencia de resolver el conflicto y atender a las familias afectadas.
“Ya no queremos obreros caídos, ya van 94 obreros, que es muy preocupante”, declaró. Añadió que entre quienes permanecen en resistencia existe el temor de que otros compañeros fallezcan antes de recibir sus prestaciones, por lo que insistió en evitar cualquier decisión que prolongue innecesariamente el procedimiento de venta de la siderúrgica.
También pidió que el Gobierno Federal intervenga para facilitar las negociaciones y contribuir a una solución que permita cubrir los adeudos laborales. Consideró que las autoridades federales cuentan con capacidad para impulsar acuerdos entre los involucrados, particularmente si ninguno de los postores actuales consigue cumplir los requisitos económicos establecidos por el juzgado.
El vencimiento del plazo ocurre después de que la jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó la solicitud de CIESA para disponer de 90 días adicionales. La juzgadora mantuvo el 13 de octubre como fecha límite para acreditar la garantía de seriedad, al considerar que una nueva demora perjudicaría a los involucrados, especialmente a los 13 mil 907 trabajadores con créditos laborales reconocidos.
Valenzuela de la Torre reiteró que la resistencia obrera no pretende favorecer a un comprador determinado ni intervenir en las negociaciones comerciales. Su exigencia consiste en que se concrete una operación que permita avanzar hacia el pago de los finiquitos y ponga término a la espera de miles de familias que dependían económicamente de Altos Hornos de México.