Ordenan liberar a dos implicados en el incendio del Casino Royale en Monterrey
A 15 años del incendio del Casino Royale, que dejó 52 personas muertas en Monterrey, un juez federal ordenó la liberación de dos integrantes de Los Zetas vinculados con el ataque ocurrido el 25 de agosto de 2011.
Quiénes son los implicados
Se trata de José Alberto Loera Rodríguez, alias "El Voltaje", y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como "La Rana", quienes obtuvieron boletas de libertad el pasado 4 de octubre, tras cumplir una sentencia de 15 años de prisión por delincuencia organizada.
La resolución corresponde a la causa penal 162/2011. Sin embargo, las autoridades judiciales todavía no confirman si ambos abandonaron prisión o permanecen recluidos por otros procesos.
Un Tribunal Colegiado de Apelación solicitó verificar si los sentenciados fueron excarcelados y si enfrentan otras causas penales.
Detención y señalamientos
Ambos fueron detenidos el 4 de octubre de 2011 por elementos de la Policía Federal, durante un operativo contra integrantes del grupo delictivo "Los Zetas" en Monterrey.
De acuerdo con las investigaciones, Loera Rodríguez coordinaba a aproximadamente 40 personas encargadas de vigilar los movimientos de las autoridades y grupos criminales rivales.
Las indagatorias lo relacionaron con la vigilancia del Casino Royale mientras otros integrantes de la organización provocaban el incendio. Montoya Chávez fue identificado como uno de sus colaboradores y encargado del resguardo de armamento.
El ataque al Casino Royale
El atentado ocurrió cuando un grupo armado ingresó al establecimiento, ubicado sobre la avenida San Jerónimo, roció combustible y prendió fuego al inmueble, donde decenas de clientes y trabajadores quedaron atrapados.
El ataque fue atribuido a "Los Zetas" y relacionado con presuntas exigencias de extorsión contra los propietarios del casino.
Situación jurídica actual
En julio de 2025, la Fiscalía General de la República informó sobre las sentencias de 15 años impuestas a ambos implicados, además de multas superiores a 370 mil pesos.
La orden de libertad corresponde únicamente a ese proceso penal y no determina su situación jurídica en otras investigaciones relacionadas con el atentado.
