Pagos digitales podrían encarecer operaciones y dar más control al Gobierno
El diputado Gerardo Aguado Gómez advirtió que la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no debe convertir la modernización financiera en una carga para las familias ni dar al Gobierno facultades discrecionales sobre la forma en que pagan los mexicanos.
La legislación fue aprobada en la Cámara de Diputados con 327 votos a favor y 122 en contra en lo particular. El ordenamiento busca reducir gradualmente el uso de efectivo e impulsar transferencias, tarjetas, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales.
Cuestiona condiciones para su aplicación
Además, la ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago.
Bajo este contexto, el legislador cuestionó que se pretenda imponer obligaciones antes de garantizar que toda la población tenga acceso a internet, servicios bancarios, infraestructura y mecanismos seguros para realizar operaciones digitales.
Señaló que en México todavía existen personas sin cuenta bancaria, pequeños comercios que carecen de terminales de pago y comunidades con problemas de conectividad, por lo que no se puede diseñar una política pública pensando únicamente en las grandes ciudades o en quienes ya cuentan con tarjeta, teléfono inteligente e internet.
Preocupan costos e inclusión financiera
Sostuvo que el PAN está a favor de modernizar la economía y promover los pagos digitales, pero primero se debe garantizar inclusión financiera, conectividad, capacitación, seguridad frente a fraudes, protección de datos y costos razonables.
Puntualizó que la aplicación de la ley podría generar nuevos gastos para los pequeños comerciantes, quienes tendrían que adquirir terminales, contratar internet y pagar comisiones por cada operación, costos que eventualmente podrían trasladarse al consumidor.
Alertan sobre datos personales y control gubernamental
También expresó preocupación por la posibilidad de que la digitalización de los pagos permita al Gobierno ampliar el acceso a información financiera y conocer patrones de consumo de los ciudadanos, particularmente ante la vinculación entre identidad digital y operaciones financieras.
Consideró que antes de otorgar mayores facultades al Estado sobre los datos personales y financieros deben establecerse reglas claras para evitar decisiones discrecionales y garantizar que la información no sea utilizada indebidamente.
Subrayó que la transición también debe contemplar a adultos mayores, habitantes de zonas rurales y pequeños comerciantes, pues excluir estas condiciones podría profundizar la desigualdad en lugar de reducirla.
“La tecnología debe darle más libertad a la gente, no más control al gobierno”
Finalmente, insistió en que la modernización debe avanzar con inclusión, seguridad, libertad y reglas claras, no mediante obligaciones que terminen representando nuevos costos para las familias.
