(ESPECIAL)
Este domingo, el Partido Acción Nacional anunció una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los delitos de crímenes de lesa humanidad.
A través de redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; el abogado de la gobernadora Maru Campos, Roberto Gil Zuarth; y el extitular del IMSS con López Obrador, Germán Martínez anunciaron la denuncia para que se investigue a quienes permitieron que en México llegara una de sus peores crisis de violencia.
“Lo hicimos porque esta tragedia no es producto de la casualidad, es consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder”, planteó Martínez.
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Advierte que las investigaciones que estén en curso continuaránGil Zuarth acusó que el exmandatario impulsó la estrategia de “Abrazos, no balazos” cuyo resultado fue 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas y regiones enteras donde los cárteles tienen más control que las propias autoridades.
Se señaló al exmandatario de “no sólo fortalecer” a las organizaciones criminales también de degradar la frontera entre el poder político y el criminal.
Se manifestó que el poder de los cárteles se infiltró en la política y es hoy lo que se está viviendo.
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Hechos denunciados ocurrieron en Baja California, Coahuila y ChihuahuaEn el video se menciona la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y de las presuntas contra el de Sonora, Alfonso Durazo; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Alfredo Bedolla, de Michoacán y se plantea que son sólo contra políticos de Morena.
Romero planteó que las autoridades en el periodo de López Obrador decidieron “mirar hacia otro lado” y permitir que las fuerzas del crimen organizado se fortalecieran.
Se denunció que las fiscalías han perdido autonomía porque el Poder Judicial ha sido “capturado” por Morena.
Acusaciones pasadas de México ante la Corte Penal Internacional
En diciembre de 2019, organizaciones no gubernamentales reiteraron su petición a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra un examen preliminar sobre México por supuestos crímenes contra la humanidad.
Una experta detalló que la solicitud consiste en que se abra un examen preliminar por las alegaciones de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Además que, simultáneamente, bajo el principio de complementariedad positiva, la corte colabore con las autoridades mexicanas para perseguir penalmente e indagar los delitos de gran escala con un análisis de contexto.
El documento hace una recopilación de los tres reportes presentados hasta ahora a la CPI: la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California, Coahuila y Chihuahua entre 2006 y 2016, perpetrados por militares, policías y narcos.
Casi una década antes, en 2011, activistas por los derechos humanos presentaron una solicitud a la Corte Penal para que investigara al aún presidente Felipe Calderón y otros funcionarios por la tortura y asesinato de civiles durante la guerra contra el narcotráfico, según la BBC.
Vínculos entre poder político y narcotráfico en México
El artículo académico “CIA assets and the rise of the Guadalajara connection” (1991) detalla que a mediados de los 70s, la policía mexicana detuvo con asistencia de agentes de EU a uno de los más grandes “capos” que dominaba el tráfico ilícito, Alberto Sicilia-Falcón, un exiliado cubano que operaba en Tijuana y que traficaba marihuana de México, cocaína de los Andes y heroína de Europa a Estados Unidos.
La investigación de Jonathan Marshall refiere que al momento de su captura, Sicilia-Falcón dijo tener aliados políticos y de Inteligencia poderosos que le ayudaron a su ascenso en el mundo criminal, en su caso era un “protegido” de la CIA que fue entrenado en el Fuerte Jackson como un partisano en la guerra secreta contra la Cuba de Fidel Castro.
A cambio de ayudar a la CIA moviendo armas a ciertos grupos criminales en América Central, la agencia le facilitaba el movimiento de sus drogas.
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Organizaciones no gubernamentales solicitan que se abra un examen preliminar sobre México por estos supuestos delitosEl periodista Sergio González Rodríguez en su libro Campo de guerra (2014) expuso que el pacto entre el poder político y económico con el narcotráfico en el periodo reciente fue visto como un “mecanismo ideal” para fundar un nuevo orden a partir de los años 80s. Siendo los arreglos con el crimen organizado por parte del Estado y los gobiernos del PRI quienes establecieron la distribución del territorio nacional cuya vigencia perduraría hasta los primeros años del siglo XXI.
A su vez, durante el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico y tras el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se sentenció a Genaro García Luna por aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa durante más de una década, pese a estar trabajando en estrecha cooperación con agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos.
Ahora, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho políticos del estado fueron señalados por el Departamento de Justicia de EU por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Según el medio Nación321, Rocha Moya está acusado de presuntamente recibir ayuda de la facción de Los Chapitos, también del Cártel de Sinaloa, para llegar al cargo mediante el robo de papeletas, de ordenar el secuestro e intimidación de candidatos de oposición y de permitir operar al grupo criminal colocando a funcionarios corruptos en puestos de poder para apoyar las operaciones de tráfico de drogas.
