"Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya".
Aquel prestigiado profesor de Derecho explicaba a sus alumnos el tema relativo a las etapas del proceso legislativo que son: iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación y vigencia; cuestión esta de primera importancia en la materia de Introducción al Estudio del Derecho; estaba en el punto más interesante de la cuestión, captado el interés pleno de los integrantes del grupo, cuando intempestivamente un estudiante colocado en la parte trasera del aula interrumpió la exposición de la clase con una pregunta llena de ironía y sarcasmo: ¿Maestro pude usted decirme en qué momento del proceso legislativo va la toma de la tribuna de la cámara por grupos inconformes?. El mencionado participante académico hizo su cuestionamiento con una carga de ironía y de mordacidad aludiendo a una práctica que se ha hecho rutinaria y que es contraria a la norma.
Fueron integrantes del PRD de los primeros grupos que asaltaron la tribuna parlamentaria como medida de presión y muestra de inconformidad porque no se estaba desarrollando la sesión conforme al Reglamento o porque no se respetaban acuerdos previamente pactados. Se usaba como arma secundaria de uno o dos grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo con el desarrollo de las sesiones, con los temas a debatir o con el resultado de una sesión. Actualmente es intrascendente el grupo parlamentario que acuda a esta medida; hoy en día las Cámaras del Congreso de la Unión, sobre todo la de Diputados se han convertido en arena política en donde se dirimen cuestiones importantes en los que tiene interés la República.
Naturalmente que había una fuerte dosis de ironía, de suspicacia, y hasta de humorismo en el cuestionamiento del participante académico, porque como otros de la misma condición y estilo, él saludaba la magistral exposición teórica, reconociendo la capacidad del presidente de la mesa directiva para llevar con éxito sus trabajos legislativos. Seguramente él como todos los que acuden a las escuelas y facultades de Derecho a obtener los conocimientos que les permitan acceder en su momento a la licenciatura, observan con preocupación y escepticismo lo que ocurre en la realidad.
La sociedad mexicana se entera, por la amplia difusión que le dieron los medios informativos, que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se tenia agendado el trámite parlamentario de la lectura del dictamen que proponía reformar el artículo 122 de nuestra Constitución para que el gobierno de la Ciudad de México asuma la carga económica de su responsabilidad educativa. Este trámite fue suspendido violentamente porque durante dos días consecutivos diputados capitalinos y diputados federales de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD asaltaron prácticamente la cámara, invadiendo el espacio de su mesa directiva y posesionándose de la tribuna, actitudes desestabilizadoras que hicieron imposible continuar con el trámite legislativo, obligando al presidente de la cámara a suspender los trabajos mediante la declaratoria de un receso.
Estos hechos escandalosos, vergonzantes y censurables que alarmaron al público en general por el riesgo y la peligrosidad que encierran, pues ponen al borde del abismo el estado de derecho del que tanto presumimos tener en México, adquiere mayor impacto y animadversión entre quienes aspiran válidamente a la Licenciatura en Derecho. Es verdaderamente preocupante y esto debe llamar la atención de todos, que se haya violentado el normal funcionamiento de un órgano del Estado interrumpiendo por la fuerza el desarrollo de una de las instituciones jurídicas de mayor valía como es el proceso de creación y formación de la ley.
Quienes ejercemos por vocación la docencia en instituciones educativas de nivel superior, tenemos el compromiso social y moral de exponer a los alumnos el deber ser, contribuir desde nuestro ámbito a su formación y dotarlos de los instrumentos y herramientas que los hagan ciudadanos de bien.
¿Cómo argumentar, justificadamente que el hecho supera al derecho, que la fuerza se impone a la razón, que se puede de manera relativamente fácil tras tocar el orden jurídico?
Motivo de preocupación y alarma debe ser el escenario jurídico-político que hoy vivimos. Difícil situación que coloca a quienes modestamente impartimos materias jurídicas y exponemos resueltamente el respeto a la norma.
Sostenemos que el compromiso de todos los mexicanos es hacer que prevalezca el respeto a nuestras instituciones jurídicas. Defendamos por todos los medios el imperio de la ley. Solo así será posible acabar con corruptelas, abusos y manipulaciones. De lo contrario vendrá el imperio del más fuerte. Volveremos a la Ley del Revólver. ¿Acaso tenemos que volver a la vieja usanza de la ley del revólver para debatir las ideas, para dirimir nuestras diferencias políticas, o nuestras posturas ideológicas? Eso nadie lo quiere, porque a nadie le conviene.
r_munozdeleon@yahoo.com.mx