Comencemos por decir que la teoría jurídico-constitucional distingue entre irresponsabilidad e inmunidad de los miembros del Poder Legislativo. Ambas figuras tienen que ver con el fuero.
Para que diputados y senadores puedan desempeñar cabalmente sus funciones jurídico-políticas, la Constitución Federal contempla dos instituciones que les permitan manejarse con independencia, asegurándoles un clima de plena libertad. Estas instituciones son la irresponsabilidad y la inmunidad.
En los términos del artículo 61 constitucional “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. El contenido literal de este precepto, significa que los representantes del Poder Legislativo gozan de irresponsabilidad en la expresión de sus ideas, es decir, no son responsables por las opiniones que emitan y esa irresponsabilidad tiene vigencia durante el tiempo del ejercicio constitucional, después de terminar la representación, independientemente de que todas las opiniones sean constitutivas o no de delito.
Y el segundo párrafo del propio articulo 61 tiene aun mayor alcance al disponer que, “el presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar”.
En cuanto a la inmunidad que es el otro aspecto del fuero y que no debe confundirse o asimilarse con la impunidad, hay que remitirnos al articulo 111 de la propia Ley Fundamental el cual establece que, “para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, por la Comisión de Delitos durante el tiempo de su cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el acusado”.
Si la declaración es que ha lugar a proceder, dos son los efectos inmediatos de esa resolución cameral: 1.- El inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley; y 2.- separarlo de su encargo en tanto que esté sujeto a proceso penal.
Interpretada textualmente la disposición del 111 constitucional, se infiere claramente que los diputados y senadores gozan de inmunidad porque mientras dure su representación no pueden ser procesados penalmente, si antes la cámara correspondiente no desafora al representante, cuya consecuencia de ese fuero es la suspensión o separación del cargo que ostenta.
O sea, como acertadamente afirmaba el maestro Tena Ramírez, “la acción penal es incompatible con el ejercicio de representación popular; es necesario que desaparezca ésta, sea por el desafuero o por la conclusión del cargo para que pueda proceder aquella. Esta es la inmunidad”.
Pero decíamos que inmunidad de ninguna manera significa impunidad.
Se equivocan rotundamente quienes afirman que la representación política de senadores y diputados los dota de una especie de inimputabilidad, pudiendo por lo tanto sustraerse a la aplicación de la ley en caso de que incurran en la comisión de un delito, pues el fuero lo único que les garantiza es la protección contra toda acción penal durante el tiempo de su representación, ya que el artículo 108 determina con toda claridad que se reputan servidores públicos a los representantes de elección popular, “quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Además, el fuero solo proporciona inmunidad en materia penal, pues el 111 anteriormente citado prescribe que en demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
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