Partidos en México adelantan campañas con nuevas figuras para evitar sanciones electorales
Los partidos políticos en México han comenzado a implementar nuevas estrategias para posicionar a sus perfiles rumbo a los próximos procesos electorales sin infringir directamente la normativa vigente. A través de figuras internas, buscan adelantarse a los tiempos oficiales de campaña sin exponerse a sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral o los tribunales.
El caso más reciente es el del Partido Verde Ecologista de México, que presentó la figura de “Guardianes Verdes”, una estructura que, además de atender quejas ciudadanas sobre servicios públicos en la Ciudad de México, también funciona como plataforma de posicionamiento político.
El anuncio fue encabezado por el dirigente capitalino Jesús Sesma, quien promovió esta iniciativa como un mecanismo para canalizar denuncias ciudadanas, aunque en el contexto político se interpreta como un paso previo hacia la promoción electoral. El objetivo planteado es alcanzar siete millones de votos en 2027 a nivel nacional y un millón y medio en la capital.
Esta estrategia no es nueva. En 2023, Morena abrió el camino con los “Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, figura que permitió a sus aspirantes recorrer el país y difundir el proyecto político sin encuadrar formalmente en actos de campaña.
Más recientemente, el Partido Acción Nacional replicó el modelo al nombrar a Alfonso Martínez Alcázar como “Coordinador del cambio y la defensa de la familia” en Michoacán, con miras a competir por la gubernatura.
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece límites claros para precampañas y campañas —como la prohibición de solicitar el voto o promover candidaturas fuera de los tiempos oficiales—, estas nuevas figuras operan en un margen que les permite realizar actividades públicas, recorridos y difusión informativa sin incurrir explícitamente en violaciones.
En la práctica, los aspirantes participan en jornadas en territorio, utilizan materiales promocionales y fortalecen su presencia pública, aunque sin incluir llamados directos al voto ni posicionarse formalmente como candidatos, lo que complica su fiscalización por parte de las autoridades electorales.
