Pasta de Conchos: La tragedia persiste en la región carbonífera

Martha Iglesias quisiera que la muerte de su padre —y la de los 65 mineros de Pasta de Conchos— hubiera significado un parteaguas. Que su ausencia hubiera provocado un cambio profundo en las inspecciones, en las normas de seguridad, en la asignación de responsabilidades. Que el Estado hubiera transformado su estructura en honor a quienes murieron bajo tierra.

Pero, dice, la realidad ha sido distinta.

Desde aquella tragedia, más de 120 mineros han perdido la vida en la región, de acuerdo con datos oficiales obtenidos vía transparencia y cifras de la Organización Familia Pasta de Conchos. En estos 20 años se han registrado nuevos episodios fatales: en 2011, el pozo de BINSA dejó 14 personas fallecidas; en 2021, la mina Micarán, en Rancherías, municipio de Múzquiz, cobró la vida de siete trabajadores; y en 2022, en El Pinabete, en Agujita, Sabinas, murieron 10 mineros, cuyos restos fueron recuperados hasta febrero de 2025.

Para Martha, el problema no se ha erradicado. “Hay bastantes minas que producen carbón para CFE, pero no sabemos cuántos estén clandestinos. Van 20 años y seguimos igual: empresas pequeñas de carbón clandestinas. Sigue siendo un riesgo perder la vida, y la muerte de un minero no debe pasar”, advierte.

En la región Carbonífera, explica, los llamados “pocitos” forman parte del paisaje cotidiano. “Ves hoyos y hoyos por todos lados. No hay cambios”, insiste.

Cristina Auerbach, activista, señala que hablar de medidas de no repetición no significa únicamente evitar otra tragedia como la de Pasta de Conchos. Implica, subraya, dejar de comprar carbón proveniente de pozos, cuevas o minas precarias donde las condiciones de riesgo siguen siendo las mismas y la muerte continúa repitiéndose.

En 2025, el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron la licitación para la compra de carbón mineral en Coahuila. Se asignaron 27 partidas a distintos proveedores por un monto de 12 mil 239.3 millones de pesos. Sin embargo, para Auerbach la dinámica no ha cambiado: muchas de las empresas que explotan el carbón son de reciente creación, cambiaron recientemente de giro comercial, forman parte de redes vinculadas a actores políticos o arrastran antecedentes de accidentes mortales.

Un ejemplo es Arcus Multiservicios del Norte S.A. de C.V., creada en 2023 con un objeto social enfocado en la comercialización de materias primas. Fue hasta 2025 cuando registró la modificación para incluir la exploración, explotación, extracción y comercialización de carbón mineral.

También figuran empresas o socios con historial de tragedias, como Carkim Industrial S.A. de C.V., que obtuvo un contrato por 356.3 millones de pesos y que tiene antecedentes en el sector: en 2024 murió un minero en una mina de Palaú, además de los siete trabajadores fallecidos en Rancherías, Múzquiz, en 2021.

Para Auerbach, lo que falta es empatía con una región que define como “zona de sacrificio”, marcada por la acumulación de víctimas y por trabajadores que aún laboran en condiciones que califica como brutales.

A 20 años de Pasta de Conchos, la exigencia no sólo es memoria. Es también transformación estructural en una zona donde, denuncian, el riesgo sigue siendo parte del trabajo cotidiano.