Persiste estancamiento de México en Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, en el que México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles, apenas un punto más que el año anterior. Pese a esta ligera mejora, el país cayó un lugar en el ranking internacional y se ubica en la posición 141 de 182 naciones evaluadas.
El IPC mide la percepción de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos y empresarios sobre la corrupción en cada país. La escala va de cero, la peor evaluación, a 100, la mejor. En el caso de México, los resultados reflejan un estancamiento en la lucha contra la corrupción, ya que se mantiene en los últimos lugares tanto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde ocupa el sitio 38 de 38, como en el G20, donde solo supera a Rusia.
A nivel global, los países mejor evaluados fueron Dinamarca (89/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100), mientras que los peor calificados fueron Venezuela (10/100), Somalia (9/100) y Sudán del Sur (9/100). En Latinoamérica, México se ubica por encima de Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero por debajo de Brasil y Chile, sus principales competidores económicos en la región.
Entre los hallazgos más relevantes para México, Transparencia Mexicana destacó el impacto del llamado “huachicol fiscal”, que en 2025 representó una pérdida de cerca de 610 mil millones de pesos, equivalente a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex. Este fenómeno refleja nuevas expresiones de corrupción vinculadas a redes transnacionales de macrocriminalidad, que exigen fortalecer capacidades estatales y cooperación internacional.
Otro punto crítico es la persistencia de la extorsión, especialmente en sectores vulnerables. De acuerdo con datos del INEGI y del sector privado, 16 de cada 100 empresas reportaron haber sido víctimas de este delito, afectando principalmente a micro y pequeñas unidades económicas. Además, seis de cada diez mexicanos señalaron haber sufrido corrupción o extorsión policial, lo que coloca este delito entre los tres más comunes en la vida cotidiana.
El informe también subrayó la sanción inefectiva de la corrupción administrativa y penal. Solo en 7 de cada 100 casos hubo algún tipo de sanción por tribunales administrativos, mientras que en materia penal persiste la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht y Pemex Agronitrogenados. En otros, como la Estafa Maestra y Segalmex, las sentencias han sido parciales y limitadas a individuos, sin desmantelar las redes de corrupción.
Finalmente, se señaló la ausencia de mecanismos para evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos. México carece de sistemas efectivos para identificar y verificar beneficiarios controladores, además de presentar deficiencias en la calidad y estandarización de los datos de compras públicas. La falta de interoperabilidad entre registros empresariales, fiscales y de sanciones limita la transparencia y abre espacios para prácticas irregulares.
Transparencia Mexicana reiteró que el IPC no mide casos específicos, sino tendencias, y que los resultados deben servir como una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas y la protección de los recursos públicos. El estancamiento de México en este índice refleja la necesidad de replantear estrategias y de colocar la lucha contra la corrupción como una prioridad nacional.
