En lo que va de 2026, en el país se han registrado al menos 33 hechos violentos, en cinco estados, contra actores políticos, contando alcaldes, exalcaldes, dirigentes partidistas, legisladores locales, funcionarios municipales e incluso familiares de estos.
Estos ataques han dejado un saldo de 28 personas muertas, incluyendo civiles y familiares de aspirantes. En al menos cinco casos, las víctimas habían expresado abiertamente su intención de buscar una candidatura en los comicios de 2027 o su comunidad los veía como contendientes electorales.
Los estados que reúnen la mayoría de estos casos son Guerrero, con 17 ataques y 15 muertos; Oaxaca, con 10 hechos violentos y siete asesinatos, y Morelos, con tres distintos ataques que dejaron cuatro víctimas mortales.
De acuerdo con el experto en materia de seguridad, David Saucedo, esta violencia política es reflejo de la participación de grupos criminales en los procesos electorales.
"En su lógica de expansión, y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente, en municipios, o estatalmente, en todas las entidades del país", expone.
El especialista en seguridad pública, David Saucedo, considera que el retorno de la violencia política en México se debe a que las organizaciones criminales buscan expandir su poder y tener influencia en los procesos electorales.
Expone que casi todos los cárteles están en expansión y hay tres modalidades: "Una, la formación de células para combatir a otros grupos criminales y apoderarse y arrebatarles territorios. La segunda son las alianzas que van haciendo.
