Piden aumentar penas por maltrato animal en Coahuila
Ante la insuficiente protección efectiva para los animales y la sobrepoblación canina en la Región Centro, proponen aumentar las sanciones previstas por maltrato animal, informó el abogado César García Diosdado.
El entrevistado, doctor en Derecho Penal, explicó que el artículo 261 del Código Penal de Coahuila contempla actualmente delitos de crueldad y violencia contra seres sintientes, con diferentes penas dependiendo de la conducta y sus agravantes.
García Diosdado señaló que la organización no gubernamental Amor por los Animales y la Fundación Mila, organización animalista, presentaron al Congreso del Estado la propuesta de modificación de ese artículo para incrementar las penas, multas y sanciones adicionales aplicables a quienes incurran en actos de crueldad.
Según el abogado, la propuesta fue presentada en septiembre de 2025, pero hasta el momento de la entrevista no se había obtenido una respuesta sobre su eventual discusión o aprobación.
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El especialista vinculó esta petición con la problemática de sobrepoblación de perros que enfrenta la Región Centro, así como con la falta de infraestructura suficiente para atender animales en situación de calle.
García Diosdado señaló que la presencia de perros en situación de calle también representa un problema para la población, particularmente para personas que diariamente se desplazan caminando por colonias, barrios y sectores rurales.
Mencionó entre los grupos potencialmente vulnerables a adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, adolescentes y menores de edad que utilizan las calles para trasladarse hacia escuelas, comercios u otros lugares.
El abogado indicó que una persona atacada por un animal puede intentar defenderse utilizando objetos disponibles, como un palo o una piedra, y posteriormente enfrentar consecuencias legales si causa lesiones al animal.
Por ello, consideró necesario que las autoridades revisen integralmente la problemática, desde la prevención y esterilización hasta la atención de animales abandonados y la aplicación de las disposiciones penales.
El Código Penal estatal establece actualmente un capítulo específico sobre delitos de crueldad y violencia contra seres sintientes, que contempla distintas sanciones de acuerdo con la conducta cometida y sus consecuencias.
García Diosdado también señaló que el problema de los animales en situación de calle puede tener implicaciones sanitarias, particularmente por enfermedades transmitidas por animales o parásitos.
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Respecto a los procesos penales relacionados con maltrato animal, el abogado afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, no se habría llegado a una sentencia condenatoria en los casos que conoce, debido a que algunos procedimientos han terminado mediante soluciones alternas.
Como ejemplo mencionó el caso conocido como “Pinto”, en el que participó como defensor y donde se estableció una reparación integral del daño por 40 mil pesos.
Explicó que ese procedimiento involucró acusaciones por amenazas, allanamiento y maltrato animal, por lo que la reparación económica se estableció considerando los diferentes conceptos contemplados en el acuerdo.
García Diosdado aclaró que desconoce finalmente cómo se aplicaron los recursos destinados a la atención del animal, por lo que no pudo confirmar si parte del dinero fue utilizado para tratamientos veterinarios.
El abogado también mencionó el caso registrado en Castaños, donde fueron rescatados decenas de perros durante un cateo realizado en un inmueble utilizado por la Fundación Frichem.
En agosto, autoridades localizaron 63 perros y diversas organizaciones reportaron que varios presentaban desnutrición, enfermedades, lesiones e infestación de garrapatas; al menos 10 requirieron atención veterinaria urgente.
La Fiscalía General del Estado informó que el inmueble quedó asegurado y que una persona fue detenida, mientras continuaban las investigaciones para establecer posibles responsabilidades por las condiciones en que fueron encontrados los animales.
García Diosdado sostuvo que la atención posterior al rescate también representa un costo para las asociaciones protectoras, debido a los gastos de alojamiento, alimentación, medicamentos, tratamientos veterinarios y adopción.
Finalmente, señaló que profesionistas de distintas áreas buscan apoyar en la atención de los animales rescatados, aunque cuestionó la participación limitada que, según afirmó, han tenido asociaciones de médicos veterinarios de la región en estos casos.
