Poder Judicial de Coahuila proyecta sumar hasta 25 nuevos jueces
Con el objetivo de disminuir el rezago y acelerar la atención de los asuntos judiciales, el Poder Judicial de Coahuila prepara la incorporación de entre 22 y 25 nuevos jueces, con especial atención en Saltillo y Torreón, municipios que concentran una parte importante de la carga de trabajo.
Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente Magistrado del Poder Judicial del Estado, explicó que actualmente la entidad dispone de 105 juzgadores, cifra que se pretende elevar a cerca de 130 para atender las áreas civil, familiar, mercantil, penal y laboral.

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Abogados de La Laguna plantean a nuevos magistrados de Coahuila mejorar la atención ciudadana, agilizar audiencias y unificar criterios judicialesEl funcionario reconoció que la cantidad de expedientes que debe resolver cada juez representa uno de los principales obstáculos para mantener los procesos al día. Detalló que, en promedio, cada juzgador enfrenta una carga de alrededor de 2 mil juicios anuales.
“No es por falta de capacidad, lo que pasa es que cada uno de nuestros jueces lleva 2,000 juicios al año. Es humanamente y en el tiempo imposible poder ir al día”, señaló.
Para concretar el fortalecimiento de la estructura judicial, el Gobierno de Coahuila autorizó una ampliación presupuestal de 80 millones de pesos.
De ese monto, 51 millones serán utilizados para incorporar personal y mejorar las percepciones salariales, mientras que aproximadamente 29 millones se canalizarán a infraestructura tecnológica y adquisición de vehículos destinados a los actuarios.
La primera fase del proyecto contempla que durante septiembre se sumen alrededor de 15 jueces en diferentes regiones del estado. En esta etapa se dará prioridad a los juzgados familiares, laborales y mercantiles de Saltillo, además de reforzar la operación en Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas.
Posteriormente se completará la incorporación prevista hasta alcanzar entre 22 y 25 nuevos juzgadores, con lo que el Poder Judicial busca ampliar su capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera que enfrentan las personas involucradas en procesos judiciales.