Poder Judicial en Coahuila no litiga en medios, afirmó Mery Ayup
El titular del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que la entidad ha establecido un criterio jurídico específico respecto a la violencia vicaria, al explicar que este delito se configura únicamente cuando la víctima es una mujer, derivado de razones históricas, así como de lineamientos emitidos por la Suprema Corte y la necesidad de aplicar acciones afirmativas dentro del marco legal.
Explicó que esta interpretación fue definida por el pleno del tribunal a solicitud de un juez, con el objetivo de dar certeza en la aplicación de la ley tanto por parte del Poder Judicial como de la Fiscalía.
En relación con un caso reciente que ha generado atención mediática y que involucra a un menor de 8 años, precisó que actualmente se encuentra en etapa de imputación, luego de que se solicitara la duplicidad del término constitucional. La audiencia correspondiente está programada para los próximos días.
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Se espera alta afluencia turística y beneficios económicos para el comercio localEl funcionario criticó que este asunto haya sido expuesto públicamente por abogados y partes involucradas, señalando que litigar en medios de comunicación o redes sociales es inapropiado y no contribuye a la impartición de justicia.
“Nosotros no litigamos en medios ni resolvemos en redes sociales. Las decisiones se toman con base en pruebas, dentro del proceso judicial”, enfatizó.
Asimismo, advirtió sobre las consecuencias de emitir acusaciones sin sustento, ya que podrían derivar en responsabilidades legales. Subrayó que el Poder Judicial actúa bajo principios de independencia, autonomía e imparcialidad.
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Una persona infectada con tuberculosis sin tratamiento puede contagiar entre 10 y 15 personas de su círculo socialAclaró además que, en el caso referido, el juez no imputó el delito de violencia vicaria, sino violencia familiar en su modalidad psicológica, así como sustracción de menor, por lo que pidió evitar la desinformación.
El titular también hizo un llamado a las partes involucradas y a sus familiares a no intentar influir en las decisiones judiciales mediante mensajes o presiones externas, reiterando que los casos se resuelven exclusivamente con base en las evidencias presentadas en juicio.
En ese sentido, destacó que el objetivo central en este tipo de conflictos es garantizar el bienestar de los menores, evitando que sean utilizados como instrumento dentro de disputas legales.
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Al recibir la controversia institucional por parte del Poder Judicial, no habrá punto relativo a la integración final del Consejo del SIMAS.Por otro lado, cuestionó prácticas de algunos abogados que, dijo, prolongan los procesos legales de manera intencional para obtener mayores beneficios económicos, lo que además implica un desgaste para el sistema de justicia.
Indicó que estas acciones no solo afectan a las partes involucradas, sino que también generan un costo para el erario público, al activar todo el aparato judicial.
Finalmente, Mery Ayup señaló que también existen estrategias para manipular el sistema mediante la recusación de jueces, lo cual calificó como una falta grave de ética profesional, al considerar que entorpece la resolución de los conflictos y dificulta posibles acuerdos entre las partes.
