Poder Judicial ordena a Defensa entregar documentos faltantes del caso Ayotzinapa
Derivado de una demanda presentada en 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió en febrero pasado un juicio de amparo y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia "Centro" (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.
También reclama la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense. Esto a pesar de que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
"Las familias acudieron a la justicia federal ante la parálisis de la COVAJ, que dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de la investigación. Por su parte, la indagatoria quedó supeditada a los tiempos políticos y se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses", señaló el Centro Prodh.
Dijo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su momento que los avances en el caso se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información de la Sedena, puntualizando que el presente litigio pudo haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación.
Precisó que el fallo reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y por ende, la obligación de Sedena de entregar toda la información relacionada.
Indicó que la resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa.
Destacó que dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
