Ponen en libertad a Rubí Carrizales; sólo deberá firmar periódicamente pese a sentencia por doble homicidio
La defensa de un hombre acusado de ciberacoso contra una menor de edad en Monclova busca alcanzar un acuerdo reparatorio para obtener el perdón. Ramón Alfredo Ramírez Ocampo, abogado del imputado, explicó que durante una audiencia intermedia solicitó buscar mediante mecanismos alternativos de solución de controversias un arreglo económico para zanjar con el proceso judicial. Precisó que la búsqueda de esta solución no es la aceptación de la acusación, sino la intención de concluir con un convenio que beneficie a las partes involucradas.
Aunque la mujer ya fue sentenciada, el proceso cumplirá en julio 10 años de que inició y aún no se vislumbra cuándo dejará las salas penales.
La decisión judicial eliminó el dispositivo electrónico de localización que la sentenciada portó durante varios años como medida cautelar dentro del proceso penal iniciado en 2017. La modificación fue autorizada tras una revisión del caso en instancias federales.
La abogada Juanita Olalde Felipe, representante legal de los familiares de las víctimas, calificó la resolución como controvertida. Señaló que durante más de siete años la acusada mantuvo el brazalete electrónico sin que existiera inconformidad formal por parte de su defensa.
Explicó que el dispositivo fue impuesto desde el inicio del proceso penal y permaneció activo durante el desarrollo del juicio. Incluso continuó vigente hasta la etapa en que se dictó la sentencia condenatoria.
Critican criterios de jueces federales
De acuerdo con la litigante, el cambio en la medida cautelar fue determinado por un juez de distrito y posteriormente confirmado por un magistrado del tercer tribunal distrital, quienes coincidieron en que no existía riesgo de fuga que justificara mantener el dispositivo electrónico.
Olalde Felipe señaló que ambos juzgadores llegaron recientemente a sus cargos dentro del nuevo sistema judicial derivado de elecciones populares, lo que, a su juicio, ha generado decisiones controvertidas en este caso.
Indicó que con la resolución se sustituyó el brazalete electrónico por una medida cautelar menos restrictiva. Ahora Rubí Carrizales únicamente deberá firmar periódicamente ante la autoridad y tiene prohibido salir de la región.
No obstante, la abogada consideró que esta condición no garantiza que la sentenciada permanezca bajo control judicial. Agregó que la medida permite que la declarada culpable se desplace libremente por Monclova y municipios cercanos.
La representante legal afirmó que la resolución dejó en estado de indefensión a las víctimas indirectas y a sus familias, quienes durante años han solicitado justicia por el fallecimiento de sus familiares.
Promoverán recursos legales
Ante la determinación judicial, la defensa de las víctimas anunció que promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar el cambio en las medidas cautelares.
Olalde Felipe explicó que buscarán que instancias superiores revisen nuevamente el caso y determinen si las medidas actuales son suficientes para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Añadió que jurídicamente resulta incongruente que una persona declarada culpable por un delito que provocó la muerte de dos personas enfrente el proceso con restricciones mínimas.
Asimismo, reiteró que las familias afectadas continuarán con las acciones legales necesarias para exigir que se revisen las resoluciones judiciales emitidas en el expediente.
Desmienten versión sobre enfermedad
Durante la entrevista, la abogada también rechazó versiones difundidas sobre un supuesto padecimiento grave de salud de Rubí Carrizales que habría influido en la decisión judicial.
Aseguró que la representación legal de las víctimas no tiene conocimiento de que exista algún diagnóstico médico que haya sido presentado ante el tribunal. Por lo tanto, afirmó que esa información es falsa.
Antecedente del caso
El accidente automovilístico ocurrió durante la madrugada del 28 de julio de 2017 en la avenida Suzanne Lou Pape de Monclova. De acuerdo con la causa penal, Rubí Carrizales Ramírez conducía en estado de ebriedad un automóvil Chevrolet Malibu cuando se registró el choque.
En el impacto falleció en el lugar Yolanda Araceli Carrizales Chapa. Tres días después murió Camila Ledezma, una menor que había resultado gravemente lesionada.
El proceso judicial se prolongó durante varios años hasta que se dictó una sentencia condenatoria de nueve años de prisión por homicidio culposo agravado. Sin embargo, la reciente modificación de la medida cautelar volvió a generar inconformidad entre los familiares de las víctimas y su representación legal.
