Rusia prohíbe el uso de estas plataformas.
Desde ayer, 11 de febrero, el panorama digital en Rusia ha sufrido una transformación radical. En una acción coordinada, el organismo regulador de telecomunicaciones, Roskomnadzor, ha implementado el bloqueo total de tres de las plataformas globales más influyentes: Telegram, WhatsApp y YouTube. Esta medida, justificada bajo el amparo de la seguridad nacional, marca un punto de no retorno en la política de soberanía digital del Kremlin.
¿Qué sucedió en Rusia con WhatsApp, Telegram y YouTube?
El argumento central de Roskomnadzor se basa en el incumplimiento sistemático de las leyes rusas sobre protección de datos y la lucha contra el fraude. En el caso específico de Telegram, las autoridades acusan a la plataforma de negarse a eliminar contenido que el gobierno clasifica como "criminal y terrorista". Como consecuencia de esta resistencia, se ha impuesto a la aplicación una multa de 64 millones de rublos (aproximadamente 14 millones de pesos), señalando una nula disposición de la empresa para alinearse con la legislación local.
En cuanto a WhatsApp y YouTube, aunque no se ha especificado si existen sanciones económicas previas, el bloqueo ha sido directo. La restricción tiene un carácter indefinido: solo se levantará cuando las compañías eliminen las violaciones legales señaladas por el regulador.
Detrás de las razones de seguridad, subyace una estrategia geopolítica para eliminar la dependencia de tecnologías extranjeras. El gobierno busca redirigir a la población hacia servicios alternativos controlados. El ejemplo más claro es Max, una aplicación desarrollada por VKontakte (empresa de Pável Dúrov y que el gobierno absorbió en 2014) que centraliza mensajería, videollamadas y servicios financieros. Por ley, esta herramienta debe estar preinstalada en todos los dispositivos móviles vendidos en el país.
Dúrov, creador de Telegram y figura icónica del sector, ha denunciado que estas acciones son herramientas de presión para socavar la libertad de expresión y establecer un sistema de vigilancia continua sobre los ciudadanos. Para los críticos, este movimiento no es una cuestión de cumplimiento legal, sino un paso decisivo hacia el aislamiento digital y el control absoluto de la narrativa interna.
