Productores laguneros piden cultivos sustentables y financiamiento justo
En seguimiento a los acuerdos alcanzados con el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes de la Contraloría Social del Agua sostuvieron este lunes reuniones con el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel Riestra, para revisar la entrega de derechos y la situación de los módulos de riego, algunos de los cuales se habían negado a aceptar pagos de los ejidatarios.
Elizabeth Estrada Macías, representante de la Contraloría Social del Agua, explicó que se trabaja en la reubicación de usuarios hacia módulos en mejores condiciones, como el caso de los productores del módulo 7 de Torreón-Matamoros, que podrían trasladarse al módulo 11 debido al deterioro de la infraestructura. De los 500 derechos comprometidos, hasta ahora se han entregado 137, mientras que otros 240 permanecen pendientes por las restricciones impuestas en distintos módulos.
En paralelo, se confirmó la salida de varios funcionarios vinculados a la administración del agua en la región. Entre ellos, Adolfo Marín, jefe de distrito de Conagua, así como los presidentes de los módulos 10, 7, 8 y 5. La instrucción del Gobierno Federal fue que las renuncias deberán concretarse como parte de un proceso de depuración institucional.
Estrada mencionó que durante las reuniones, el gobierno de Coahuila propuso sustituir cultivos de alto consumo hídrico por frijol, de ciclo corto y menor demanda de agua. Sin embargo, la discusión derivó en una propuesta de sembrar algodón transgénico, lo que generó rechazo inmediato entre las organizaciones campesinas. Recordó que la región enfrenta “infiernos ambientales” por la contaminación de agua y suelo, y advirtió que introducir algodón transgénico agravaría los problemas de salud y sustentabilidad.
Los productores insistieron en que antes de definir cultivos se realicen estudios técnicos que determinen cuáles son las opciones más viables. También plantearon la necesidad de créditos sin intereses para pequeños agricultores, quienes dependen del financiamiento para sostener sus cosechas y, en muchos casos, producen forraje esencial para la ganadería local.
El equipo de la Presidencia de la República consideró relevante esta propuesta y acordó instalar mesas de trabajo para diseñar un plan integral de corto, mediano y largo plazo para el campo lagunero. Se prevé la participación del gobierno de Durango y la inclusión de proyectos de tecnificación agrícola como parte de las primeras acciones.
La Contraloría Social del Agua subrayó que el objetivo es transformar la política hídrica y agrícola de la región, garantizando que los derechos de los campesinos se respeten y que las decisiones sobre cultivos y financiamiento respondan a criterios de sustentabilidad.
"Lo que no sirva, que se vaya; lo que funcione, que se fortalezca”, dijo Estrada.
