Propone Miguel Mery revisar penas para menores que cometen homicidios; considera insuficiente sanción de cinco años
El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, planteó la necesidad de realizar un estudio a fondo sobre las sanciones aplicables a adolescentes que cometen delitos graves, particularmente homicidios dolosos, al considerar que las penas actuales pueden resultar insuficientes frente a la gravedad de los hechos.
Lo anterior en el contexto del presunto infanticidio de la pequeña Darleth Saraí, de un año y medio de edad, quien presuntamente perdió la vida a manos de su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16 años, por una hemorragia cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico severo.
Plantean estudio sobre penas para adolescentes
Explicó que la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece una sanción máxima de cinco años de internamiento, situación que, desde su perspectiva, debe revisarse ante el incremento de casos de violencia protagonizados por menores de 18 años.
Mery Ayup señaló que existe una diferencia considerable entre las sanciones que puede recibir un adolescente próximo a cumplir la mayoría de edad y aquellas que corresponden a una persona que ya tiene 18 años, aun cuando hayan cometido un delito de la misma gravedad.
Como ejemplo, mencionó que un joven que comete un homicidio doloso antes de cumplir 18 años puede enfrentar una sanción de hasta cinco años, mientras que otro que realiza el mismo acto después de alcanzar la mayoría de edad podría recibir una condena de 40, 50 o hasta 60 años de prisión.
“Por un día puede cambiar el destino de cinco años o 60 o 50 años”, expresó el magistrado, al señalar la necesidad de analizar esta diferencia en la legislación.
Buscan equilibrio entre sanción y reinserción
Reconoció que el sistema de justicia para adolescentes tiene como propósito fundamental lograr la reintegración social de los menores mediante tratamientos y mecanismos especializados; sin embargo, consideró que este objetivo no debe impedir una revisión de las sanciones cuando se trata de conductas particularmente graves.
En ese sentido, adelantó que buscará presentar una propuesta para estudiar un posible incremento de las penas, sin perder de vista la obligación del Estado de procurar la reinserción de los adolescentes.
“Voy a presentar y proponer un estudio a fondo de por qué las penas quizá en adolescentes tendrían que aumentar, sin quitar de vista que estamos obligados a reintegrarlos a la sociedad”, manifestó.
Factores de riesgo en casos de violencia juvenil
El presidente del Poder Judicial también destacó que los recientes casos de violencia juvenil registrados en Coahuila obligan a revisar las condiciones familiares y sociales que pueden influir en estas conductas.
Identificó entre los factores de riesgo los problemas de convivencia familiar, el consumo de drogas y alcohol, así como la influencia de las redes sociales sobre adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, sostuvo que una eventual reforma deberá buscar un equilibrio entre la aplicación de sanciones más severas para delitos graves y la posibilidad de que los menores infractores puedan rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad.
