Marcelo Torres Cofiño (ARCHIVO)
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa para otorgar un estímulo fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas que acrediten siete años consecutivos de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con el fin de impulsar inversión productiva, modernización y generación de empleo.
La propuesta plantea que las empresas que han mantenido sus cuentas en orden ante el fisco puedan acceder a un crédito de hasta el 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado, siempre y cuando destinen una cantidad equivalente a inversiones consideradas productivas.
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Los apoyos incluyen maquinaria y equipo productivo para aumentar la capacidad de pequeños negocios en el estadoLa intención, explicó el legislador, es modificar la lógica con la que actualmente se relaciona el cumplimiento fiscal con las pequeñas empresas y generar un mecanismo que premie a quienes han cumplido de manera constante, al tiempo que se fomenta la inversión, la modernización de los negocios y la generación de empleos.
“La propuesta es muy sencilla: premiemos al que cumple. Si durante siete años una empresa pagó sus impuestos y estuvo en regla, ayudémosla a crecer, modernizarse y generar más y mejores empleos”
De acuerdo con el planteamiento, el beneficio no consistiría en entregar recursos directamente a las empresas ni en condonar impuestos, sino en permitir que el monto invertido por la Mipyme pueda acreditarse contra el ISR causado, con un límite equivalente a la inversión efectivamente realizada.
Por ejemplo, si una empresa registra un ISR causado por un millón de pesos y durante el periodo correspondiente realiza una inversión por esa misma cantidad en maquinaria, tecnología, capacitación u otros conceptos contemplados en la propuesta, podría acreditar hasta un millón de pesos contra el impuesto.
Inversión real y comprobable
La medida, sin embargo, estaría condicionada a que exista una inversión real y comprobable. Es decir, el estímulo no se otorgaría simplemente por contar con un historial fiscal limpio, sino que la empresa tendría que demostrar que utilizó recursos en proyectos que contribuyan a mejorar su productividad, capacidad tecnológica o las condiciones de sus trabajadores.
Entre los rubros que podrían ser considerados dentro del esquema se encuentran la adquisición de maquinaria, procesos de automatización, digitalización de operaciones, compra o desarrollo de software, fortalecimiento de sistemas de ciberseguridad, proyectos para el ahorro de agua y energía, capacitación e innovación.
También se contempla que las empresas puedan destinar estos recursos a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, con la intención de que el beneficio fiscal no solamente tenga un impacto en la productividad de los negocios, sino también en quienes forman parte de ellos.
Argumentos de la iniciativa
Torres Cofiño sostuvo que las pequeñas empresas enfrentan una serie de gastos y obligaciones que pueden dificultar su capacidad para crecer, particularmente cuando después de cumplir con el pago de impuestos, nómina, seguridad social, renta, servicios y proveedores, requieren recursos adicionales para modernizar sus operaciones.
“Hoy el pequeño empresario paga impuestos, nómina, seguridad social, renta, luz y proveedores; pero cuando quiere crecer, muchas veces está solo. Queremos cambiar esa lógica: que cumplir también tenga recompensa”
La iniciativa parte de la idea de que las mipymes representan un sector que requiere mayores incentivos para invertir y mejorar sus procesos, especialmente ante los cambios tecnológicos que están transformando la actividad empresarial.
Desde esta perspectiva, el crédito fiscal propuesto buscaría que parte de los recursos que las empresas destinan al pago del ISR puedan vincularse con proyectos que eleven su capacidad productiva, en lugar de representar únicamente un gasto para el negocio.
Verificación y límites del beneficio
El planteamiento establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendría facultades para verificar tanto el historial de cumplimiento fiscal de las empresas como las inversiones realizadas para acceder al estímulo. Con ello se pretende evitar que el mecanismo sea utilizado de manera indebida o que se reporten inversiones que no correspondan con los requisitos establecidos.
En caso de detectar un uso irregular del beneficio, la empresa tendría que cubrir el ISR correspondiente, además de las actualizaciones y accesorios que resulten aplicables.
La iniciativa también establece una limitación en cuanto a la frecuencia con la que podría utilizarse el estímulo. El beneficio solamente podría aplicarse una vez por cada periodo de siete ejercicios fiscales consecutivos, por lo que no se trataría de un incentivo disponible de manera permanente o anual para una misma empresa.
El requisito de los siete años de cumplimiento constituye precisamente uno de los principales componentes de la propuesta, ya que pretende dirigir el beneficio hacia empresas que hayan demostrado de manera sostenida su compromiso con sus obligaciones fiscales.
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El beneficio ambiental también puede dimensionarse en términos de consumo eléctrico, representa el gasto total de energía de una ciudad de 500 mil habitantes durante dos mesesCumplimiento, inversión y empleo
De aprobarse, el esquema establecería una relación directa entre tres elementos, que son el cumplimiento tributario, inversión y generación de empleos. La intención es que una empresa que ha mantenido una trayectoria fiscal regular tenga la posibilidad de utilizar el estímulo para fortalecer sus instalaciones, adoptar nuevas tecnologías, capacitar a su personal o mejorar sus procesos.
Para el legislador panista, el objetivo de fondo es cambiar la percepción sobre el cumplimiento fiscal de las pequeñas empresas y reconocer el esfuerzo de quienes se mantienen dentro de la formalidad.
“México necesita dejar de ver al pequeño empresario solamente como alguien a quien cobrarle. Quien cumple, invierte y genera empleos merece oportunidades para crecer”
La apuesta del diputado es que el pago de impuestos no sea visto únicamente como una obligación, sino que el historial de cumplimiento pueda convertirse también en una puerta de acceso a incentivos para invertir, elevar la productividad y generar nuevas oportunidades laborales.
“Esa es la apuesta: convertir cumplimiento fiscal en inversión, productividad y empleos”
