Proponen Marcelo Torres Cofiño y Jericó Abramo cambios a la ley para proteger a empresas que trasladan combustible
Los diputados federales Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, y Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la finalidad de modificar la legislación vigente y evitar que empresas formales enfrenten sanciones al trasladar combustible destinado al funcionamiento de su propia maquinaria.
Los legisladores explicaron que actualmente diversos sectores productivos, como constructoras, agricultores y empresas mineras, pueden ser objeto de aseguramientos de combustible, detención de actividades e incluso procesos penales, pese a que el energético fue adquirido de manera legal y se utiliza exclusivamente para autoconsumo.
De acuerdo con Torres Cofiño, el problema surge por un vacío en la legislación que no distingue claramente entre el transporte comercial de combustibles y el traslado que realizan las empresas para abastecer maquinaria utilizada en obras o proyectos productivos.
Ante esta situación, la propuesta plantea reformar la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el propósito de establecer lineamientos más claros que permitan diferenciar una actividad ilícita del traslado legítimo de combustible para labores productivas.
Entre los puntos contemplados en la iniciativa se encuentra reconocer de manera legal el traslado de combustibles destinados al autoconsumo en obras, así como la creación de un Registro Simplificado de Autoconsumo. También se propone que las empresas acrediten el origen del combustible mediante facturas y mantengan bitácoras que registren su uso.
Asimismo, se busca evitar aseguramientos o sanciones cuando se compruebe que el combustible tiene un origen legal y que su destino es el funcionamiento de maquinaria utilizada en proyectos productivos.
Los legisladores ejemplificaron que este tipo de situaciones ocurre cuando una empresa encargada de la construcción de una carretera en zonas alejadas, donde no hay estaciones de servicio, necesita transportar diésel para operar excavadoras y equipo pesado. Bajo la normativa actual, este traslado puede interpretarse como transporte ilegal.
Con la reforma se pretende establecer una diferenciación clara entre el robo o comercialización ilegal de combustibles y el suministro necesario para el desarrollo de actividades productivas.
Finalmente, Torres Cofiño destacó que otorgar certeza jurídica a las empresas es fundamental para fomentar la inversión y el crecimiento económico, sin debilitar las acciones para combatir el robo de combustible en el país.
