Una iniciativa en el Congreso de Coahuila propone nuevas medidas para prevenir el acoso sexual en el transporte público.
Capacitar a operadores, activar mecanismos de auxilio y colocar información visible para denunciar casos de acoso y violencia sexual en las unidades, son las nuevas obligaciones que se buscan establecer para el transporte público de Coahuila, a través de una iniciativa presentada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares.
La propuesta fue planteada en tribuna durante la sesión en Congreso del Estado, en la que se plantea reformar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado para establecer responsabilidades específicas a concesionarios, permisionarios y operadores ante este tipo de agresiones.
En la exposición de motivos, señaló que en Saltillo se atienden aproximadamente de tres a cinco casos mensuales relacionados con acoso en el transporte público, además de que durante el año se han registrado detenciones de personas señaladas por estas conductas, de acuerdo con información de la coordinación de la Policía Violeta municipal difundida el 16 de noviembre de 2026.
Añadió que el documento también refiere cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, que estimó que 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Coahuila había experimentado violencia en espacios comunitarios a lo largo de su vida, mientras que 25.3 por ciento la había sufrido durante los 12 meses previos al levantamiento.
Además, indicó, el 22.4 por ciento de las mujeres coahuilenses reportó violencia sexual en el ámbito comunitario durante ese periodo.
Precisó que entre quienes experimentaron violencia comunitaria, el 9 por ciento señaló el autobús o microbús como lugar donde ocurrió la agresión y el 2.2 por ciento mencionó el taxi.

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Bajo este contexto, reveló que la reforma contempla modificaciones a los artículos 188, 192 y 198 de la legislación estatal.
Detalló que en el primero se establecería la obligación de concesionarios y permisionarios de incorporar contenidos sobre prevención del acoso y violencia sexual en la capacitación de sus operadores, además de colocar información visible y accesible sobre los canales institucionales de auxilio y denuncia.
Comentó que en el artículo 192, se establecería que los operadores deberán solicitar apoyo de las autoridades cuando tengan conocimiento de hechos de acoso o violencia sexual durante el servicio y procurar la seguridad de la persona afectada, sin poner en riesgo la conducción ni asumir funciones que corresponden a las corporaciones policiales o autoridades ministeriales.
Asimismo, puntualizó que se adicionaría una nueva disposición al artículo 198 para reconocer expresamente el derecho de las personas usuarias a solicitar auxilio ante estas agresiones, recibir información clara sobre los mecanismos institucionales de atención y denuncia, así como obtener un trato digno y sin revictimización.

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No obstante, mencionó que la iniciativa establece que las autoridades estatales y municipales competentes tendrán un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir o adecuar los lineamientos de actuación y capacitación correspondientes.