La iniciativa busca crear un registro nacional para identificar y dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia, los homicidios, feminicidios, desapariciones, abandono y la pandemia. Sin embargo, el Estado mexicano carece de un registro nacional especializado que permita dimensionar con precisión cuántos son, dónde están y qué protección reciben.
Ante esta realidad, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es establecer mecanismos específicos para identificar, registrar, proteger y dar seguimiento a los menores en situación de orfandad.
“Estamos hablando de una tragedia invisible. Hay niñas y niños que perdieron a su madre, a su padre o a ambos y después, en demasiados casos, el Estado también los perdió de vista. No sabemos con precisión cuántos son, cuáles son sus condiciones ni quién está respondiendo por ellos”, señaló Torres Cofiño.
La iniciativa advierte que actualmente no existe un registro nacional homologado y actualizado que permita conocer las causas de la orfandad, las condiciones socioeconómicas de los menores o los apoyos institucionales que reciben. Esta falta de información dificulta el diseño de políticas públicas, la coordinación de su protección y la asignación de recursos suficientes.
El legislador subrayó que el problema adquiere una dimensión particularmente grave en un país golpeado por la violencia y las desapariciones. Según estimaciones de organizaciones, alrededor de 13 mil menores quedaron huérfanos por la pandemia de COVID-19, mientras que colectivos calculan en 131 mil los casos vinculados a desapariciones. Además, entre 2019 y 2024 desaparecieron más de 8 mil menores de edad.
Torres Cofiño advirtió que estas cifras revelan una falla fundamental, pues México carece de información oficial integral que permita conocer la verdadera magnitud del problema.
“Lo que no se registra termina siendo invisible para las instituciones”, sostuvo.
La orfandad, añadió, no solo implica la pérdida de los padres o tutores, sino que coloca a los menores en riesgo de abandono escolar, pobreza extrema, violencia, explotación laboral y sexual, trata de personas, trabajo infantil, afectaciones a la salud mental y reclutamiento por organizaciones delictivas.
“Un niño que queda solo y sin protección institucional puede convertirse en presa fácil de explotadores, tratantes o del crimen organizado. El Estado tiene que llegar antes que los criminales”, enfatizó.
La propuesta legislativa plantea incorporar expresamente en la ley el concepto de “situación de orfandad” y obligar al Sistema Nacional DIF, los sistemas estatales y las Procuradurías de Protección a otorgar medidas especiales de protección. Además, establece la creación de un registro nacional que permita identificar oportunamente a estos menores, incorporarlos a mecanismos de protección y seguimiento, evitar omisiones institucionales y generar información confiable para diseñar políticas públicas especializadas.
