Prórroga Sheinbaum a concesionarios de agua
La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 24 de marzo de 2026, a través de su Consejera Jurídica Esthela Damián Peralta, un oficio dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que instruye al Máximo Tribunal sobre cómo resolver un recurso judicial relacionado con la protección del acuífero de la Comarca Lagunera. El documento contiene lineamientos precisos para modificar el alcance de una sentencia firme que ordena frenar la sobreexplotación del acuífero, en beneficio directo de los grandes concesionarios del agua.
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Estudios sísmicos detectan zonas viables ante crisis hídricaLa Suprema Corte decidió atraer el asunto y registrarlo como Recurso de Queja 11/2026, turnándolo a la ministra Lenia Batres para su resolución. La intervención del Ejecutivo en este proceso ha generado preocupación por la independencia judicial y por el impacto que podría tener en el derecho humano al agua de más de un millón de habitantes de la región.
En marzo de 2023, la Primera Sala de la Corte emitió la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022, sentencia firme que obliga a las autoridades a garantizar la preservación del acuífero. Desde entonces, la Conagua y los grandes concesionarios han intentado debilitar o anular el alcance de la resolución, en un patrón reiterado de obstaculización documentado por organizaciones civiles.
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Gutiérrez Jardón informó que el pozo que surte al tanque Él Águila disminuyó su caudal por lo que no alcanzaba para atender las necesidadesEl oficio presidencial instruye a redefinir los alcances de la ejecutoria, establecer que no puede paralizarse la actuación de Conagua, fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar trámites de prórrogas suspendidos por mandato judicial y resolver el Recurso de Queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo y de los concesionarios.
Las organizaciones que han acompañado la lucha por el agua en la región advierten que estas instrucciones representan una violación a la independencia judicial, pues ningún poder del Estado puede indicarle al Poder Judicial cómo resolver un caso ni modificar el alcance de una sentencia firme que protege derechos humanos.
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La resolución judicial subrayó que la correcta medición de volúmenes contribuye a obtener información en tiempo realAdemás, se evidencía una contradicción con el discurso oficial, ya que la presidenta ha reiterado públicamente su compromiso de garantizar el derecho humano al agua como prioridad de su gobierno, pero el oficio enviado a la Corte busca limitar el alcance de una sentencia que protege la fuente de vida de la Comarca Lagunera. Las organizaciones civiles señalan que no se puede proclamar el derecho humano al agua desde el discurso y al mismo tiempo usar el poder presidencial para proteger a quienes agotan la fuente de ese derecho.
"Los laguneros hemos pagado con escasez, con pipas, con tandeos y con incertidumbre el costo de años de omisión institucional. La Suprema Corte nos dio la razón. Defenderemos esa victoria con toda la fuerza que la ley y la sociedad civil nos otorgan", dijo Luis Pedroza, representante legal de las organizaciones.
La disputa jurídica busca la defensa de un acuífero que abastece a más de un millón de personas en una región marcada por la escasez y la contaminación. Las organizaciones se comprometieron a difundir, documentar y denunciar este intento de la presidenta de la República de modificar la sentencia que ordena frenar lo que las autoridades debieron haber impedido desde hace décadas, que es la sobreexplotación ilegal e irresponsable del acuífero.
