Luisa Alcalde está en contra de la 'Ley Mariana'
El escenario político de Nuevo León se ha convertido en el epicentro de una intensa controversia tras la propuesta de una reforma electoral impulsada por Movimiento Ciudadano, popularmente denominada "Ley Mariana".
Esta iniciativa ha desencadenado un enfrentamiento directo entre la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la titular de la oficina "AMAR a Nuevo León", Mariana Rodríguez Cantú, poniendo en el centro del debate la delgada línea entre las acciones afirmativas de género y los intereses particulares de cara a los comicios de 2027.
¿En qué consiste la “Ley Mariana”?
La esencia de la propuesta busca reformar los mecanismos de postulación de los partidos políticos en el estado. El objetivo declarado es garantizar que las fuerzas políticas estén obligadas a nombrar exclusivamente candidatas mujeres en ciertos escenarios electorales, bajo el argumento de consolidar una paridad sustantiva.
Según los reportes legislativos, esta medida aseguraría que la competencia por cargos de alta relevancia en el próximo ciclo electoral favorezca la presencia femenina en las boletas.
La crítica más severa proviene de Luisa María Alcalde, quien ha calificado públicamente la iniciativa como una "falsa paridad". Para la dirigente de Morena, la ley no busca democratizar los espacios para todas las mujeres, sino que es una maniobra diseñada específicamente para facilitar la candidatura de Mariana Rodríguez en 2027, permitiéndole eventualmente suceder a su esposo, el actual gobernador Samuel García. Alcalde sostiene que se trata de un interés personal "disfrazado" de lucha social.
Por su parte, Mariana Rodríguez ha respondido a estos señalamientos defendiendo la legitimidad de la “Ley Mariana”. En su postura, afirma que el proyecto no se centra en su figura personal, sino en visibilizar y resolver las barreras estructurales que históricamente han enfrentado las mujeres en la política mexicana. Para Rodríguez, la reforma es una respuesta necesaria a una realidad de exclusión que trasciende cualquier nombre propio.
Mientras la discusión continúa en el Congreso de Nuevo León, el escepticismo de diversos legisladores y actores de la oposición crece. La acusación principal es que se está instrumentalizando una causa legítima como la paridad para asegurar la continuidad de un grupo político.
