¿Qué es un juicio político? solicitud presentada en contra de Maru Campos
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, se encuentra en medio del debate político luego de que Morena anunciara acciones para impulsar un juicio político en su contra por el caso relacionado con presuntos agentes de la CIA en la entidad.
El tema abrió nuevamente la conversación sobre qué significa realmente un juicio político en México, quiénes pueden enfrentarlo y cuáles son las consecuencias legales de este procedimiento contemplado en la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
¿Qué es un juicio político en México?
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, el juicio político es un procedimiento constitucional utilizado cuando un servidor público incurre en actos u omisiones que afectan gravemente los intereses públicos o violan la Constitución y las leyes federales.
El procedimiento se desarrolla en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados funciona como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia.

VER MÁS ¿Quiénes son los diputados de Morena que solicitan un juicio político contra Maru Campos?
Debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, quienes fallecieron después de un operativo en ChihuahuaLa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que este mecanismo puede aplicarse por conductas como ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves a derechos humanos, usurpación de funciones, daños al funcionamiento de las instituciones públicas o manejo indebido de recursos federales.
Además, la legislación aclara que el juicio político no procede únicamente por la expresión de ideas o posturas políticas.
¿Qué funcionarios pueden enfrentar este procedimiento?
El Artículo 110 constitucional contempla a una larga lista de funcionarios federales y estatales que pueden ser sometidos a juicio político.
Entre ellos se encuentran senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Instituto Nacional Electoral, magistrados, titulares de secretarías federales y el Fiscal General de la República.

VER MÁS Maru Campos recibe nuevo citatorio tras denuncia presentada por Javier Corral
La gobernadora de Chihuahua aseguró que enfrenta persecución política y nuevos procesos judiciales impulsados desde Ciudad de MéxicoTambién pueden ser sujetos gobernadores, diputados locales, magistrados estatales y funcionarios de organismos autónomos de las entidades federativas, como ocurre en el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
El Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados explica que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia formal, siempre y cuando aporte pruebas o elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
¿Qué sanciones puede haber tras un juicio político?
Si el Congreso determina que existe responsabilidad del funcionario acusado, las sanciones pueden incluir la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para ocupar puestos públicos por un periodo de uno hasta veinte años.
El procedimiento inicia en la Cámara de Diputados, donde se analiza la denuncia y las pruebas presentadas, posteriormente, si la acusación avanza, el caso se turna al Senado, que actúa como Jurado de Sentencia.

VER MÁS Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta triangulación de recursos
La acusación señala que el supuesto desvío habría alcanzado mil millones de pesos mediante empresas y despachos vinculados con la familia del mandatarioEn el caso de gobernadores y funcionarios estatales, la resolución del Senado tiene carácter declarativo y se comunica a los congresos locales para que procedan conforme a sus atribuciones.
La Constitución también establece que el juicio político sólo puede iniciarse mientras el servidor público esté en funciones o hasta un año después de dejar el cargo.