¿Qué hacer si una escuela retiene documentos por adeudos?

Elegir una escuela para los hijos nunca es una decisión sencilla. Más allá de los programas académicos, muchas familias buscan horarios extendidos, transporte seguro, alimentación o actividades que fortalezcan las habilidades de los estudiantes. Por eso, las escuelas particulares se han convertido en una alternativa que responde a necesidades específicas de cada hogar. Sin embargo, detrás de esa elección también existen derechos que madres, padres y tutores deben conocer y exigir, desde la claridad en los contratos hasta la libertad de elegir dónde comprar útiles y uniformes.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que estos contratos deben especificar políticas de cancelación, costos de inscripción, reinscripción y colegiaturas. Además, las instituciones tienen la obligación de informar por escrito su incorporación a la Secretaría de Educación Pública, lo que garantiza la validez oficial de los estudios. También deben precisar con claridad los servicios adicionales que ofrecen, evitando ambigüedades que puedan afectar a las familias.

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Una vez firmado el contrato, las escuelas no pueden incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar sin el acuerdo de la mayoría de madres, padres y tutores. Asimismo, las familias tienen derecho a elegir libremente proveedores de útiles, uniformes y materiales escolares. Los centros educativos no pueden obligar a comprar en lugares específicos ni exigir que los artículos sean nuevos, lo que protege la economía familiar y fomenta la libre competencia.

Respecto a los adeudos, las instituciones pueden suspender el servicio por falta de pago, pero no está permitido retener documentos escolares ni exhibir a los estudiantes con prácticas abusivas o discriminatorias. La protección de la dignidad y el derecho a la educación prevalece sobre cualquier conflicto comercial.

Profeco hizo un llamado a las familias para exigir el cumplimiento de sus derechos en materia de consumo y reportar irregularidades en las escuelas particulares. Con ello, se busca fortalecer la confianza en estas instituciones y garantizar que la educación privada sea una opción segura, transparente y respetuosa de los derechos de la comunidad.