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El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Miguel Garza Flores, analizó la posibilidad de que agentes de Tránsito y Vialidad puedan portar armas, como ha venido proponiendo el Ayuntamiento de Torreón y sus autoridades.
Garza Flores manifestó que las fuerzas de seguridad municipal están reglamentadas desde 2019 por la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza y desde 2020 por el Protocolo Nacional para el Uso de la Fuerza, bajo la cual deben hacer uno uso progresivo de la fuerza.
Describiendo la proporcionalidad que debe seguir un agente de Policía, siendo que a mayor resistencia y agresividad de su contrincante tendría que escalar la fuerza, pero también al revés, al disminuir la agresión, el agente tendría que que disminuir el nivel de fuerza que esté aplicando.
La Ley sobre el Uso de la Fuerza asienta el tipo de armamento que podría usar la fuerza pública y las Fuerzas Armadas siendo desde armas no letales o armas potencialmente letales como el arma de fuego y otros dispositivos como macanas, gases irritantes y tasers.
Maestro en Políticas de Seguridad Pública por la Universidad Autónoma Metropolitana, Garza Flores, que desde INSYDE impulsa proyectos para fortalecer a las policías, manifestó que en teoría las autoridades deben tener un enfoque de capacitarse para todos los niveles de la fuerza, como es desde el uniforme, la comunicación verbal y posterior escalada.
Planteó que el caso de Torreón es "interesante" porque en la mayoría de los municipios de México los policías preventivos y los agentes de Tránsito se forman casi igual, siendo luego a los segundos a los que se les agrega una educación en funciones de Tránsito y Vialidad.
Para en caso de aprobarse la incorporación a tareas de seguridad, debería actualizarse el Curso Equivalente y cumplir con los requisitos legales para portar armas que es el Certificado Único Policial, que se logra con capacitaciones, evaluaciones y el control de confianza.
