Israel Vallarta (CAPTURA)
Israel Vallarta Cisneros volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de presentarse este 29 de junio en el programa de Ciro Gómez Leyva para ejercer su derecho de réplica. La entrevista terminó de manera tensa, pues el exprocesado abandonó el foro tras lanzar billetes al periodista y anunciar que emprenderá acciones legales en su contra por las afirmaciones realizadas durante la conversación. El episodio despertó nuevamente el interés por uno de los casos judiciales más polémicos de México.
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez durante un operativo realizado en el Rancho Las Chinitas, sobre la carretera México-Cuernavaca. En ese momento, la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna, informó que ambos pertenecían a una presunta banda de secuestradores conocida como "Los Zodiaco", organización que supuestamente operaba en el Valle de México.

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Su captura en diciembre de 2005 estuvo marcada por un montaje televisivo escenificado y difundido a nivel nacionalDe acuerdo con la versión oficial de aquella época, Israel Vallarta y su hermano Mario lideraban ese grupo criminal, mientras que otros integrantes de su familia también formaban parte de la organización. Las autoridades señalaron además que durante el operativo fueron rescatadas varias personas que presuntamente permanecían privadas de la libertad.
Sin embargo, con el paso de los años, el caso comenzó a presentar múltiples irregularidades que pusieron en duda la legalidad de la investigación. Una de las más conocidas fue que el operativo transmitido por televisión nacional no correspondía al momento real de la captura, sino que se trató de una recreación organizada un día después de la detención para ser difundida en distintos noticiarios.
Las imágenes mostraban a Vallarta esposado, con visibles signos de lesiones y siendo interrogado por Luis Cárdenas Palomino, entonces funcionario de la AFI. Posteriormente, este exmando policial fue acusado por delitos relacionados con actos de tortura vinculados con el mismo caso, lo que incrementó las críticas sobre la forma en que se desarrolló la investigación.

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La detención de Israel Vallarta estuvo marcada por un montaje televisivo escenificado y difundido a nivel nacional, hecho que derivó irregularidadesEn 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Florence Cassez había sido víctima de graves violaciones al debido proceso, entre ellas el montaje televisivo del operativo, la falta de asistencia consular y diversas inconsistencias en la investigación. Aunque la resolución no estableció su inocencia, sí concluyó que esas irregularidades impedían sostener el proceso penal, por lo que obtuvo un amparo y recuperó su libertad para regresar a Francia.
La situación de Israel Vallarta fue distinta. Permaneció en prisión preventiva durante casi dos décadas sin recibir una sentencia definitiva. Durante ese tiempo, la Fiscalía General de la República solicitó una condena de 329 años de prisión por delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.
No obstante, la defensa argumentó que existían contradicciones en los testimonios, pruebas médicas que acreditaban presuntos actos de tortura y diversas violaciones al debido proceso. A estas observaciones se sumaron organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, que cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas por las autoridades y señalaron la prolongada prisión preventiva sin sentencia.

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Israel Vallarta fue capturado en 2005 y cerca de 20 años después fue liberadoFinalmente, el 31 de julio de 2025, una jueza federal resolvió que la Fiscalía no logró acreditar la responsabilidad penal de Israel Vallarta en los delitos que le eran imputados. Con esa decisión se ordenó su liberación, poniendo fin a un proceso judicial que se prolongó durante casi 20 años y que se convirtió en uno de los casos más controvertidos del sistema de justicia mexicano por las denuncias de irregularidades, tortura y violaciones al debido proceso.