¿Quiénes son los funcionarios que pidieron licencia tras acusaciones de EU?

A una semana de que Estados Unidos (EU) pidiera la detención y extradición de varios funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, ya son tres quienes han pedido licencia para separarse de su cargo, mientras se llevan a cabo las investigaciones tras las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Aunque el nombre de Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es el más sonado, no es el único funcionario vinculado. El Departamento de Justicia de EU habría señalado la participación de al menos a 10 funcionarios. 

Estos son los funcionarios que han pedido licencia 

Dámaso Castro Zaavedra

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado de Sinaloa solicitó licencia para separarse de su cargo el pasado martes, 5 de mayo. con el fin de poder atender cualquier requerimiento institucional.

Castro Saavedra ocupa el cargo de vicefiscal del estado desde 2021 y de acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundida en medios, dentro de las células delictivas sería conocido como “Culiacán Regio”, se le acusa de haber recibido sobornos de Los Chapitos.

Rubén Rocha Moya 

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó la misma decisión, al pedir licencia temporal, sin goce de sueldo, el pasado 2 de mayo de 2026 ante el Congreso. 

Rubén Rocha de 76 años, asumió la gubernatura de Sinaloa en 2021 bajo los colores de Morena, sin embargo, dejó el cargo temporalmente debido a las acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego y recibir sobornos no sólo durante su gobierno, sino desde su campaña electoral.

Juan de Dios Gámez Mendívil 

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, electo en 2024, fue el primero en solicitar licencia temporal tras la acusación de EU, pidiéndola el 1 de mayo de 2026.

Gámez Mendívil fue acusado de conspirar para la importación de narcóticos y armas, poseer armas ilegales y permitir que Los Chapitos operen en Culiacán sin interferencias del gobierno.

De los 10 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tres de los cuatro funcionarios que contaban con un cargo público vigente ya han pedido licencia. Siendo solo Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena en Sinaloa, el único que no lo ha hecho tras las acusaciones del gobierno estadounidense. 

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Los posibles nexos de los funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado han desatado diversas críticas y comentarios por parte de la oposición al partido gobernante; pero el consenso entre figuras como Francisco Labastida Ochoa, del PRI, y de Jorge Romero, dirigente Nacional del PAN, han llegado al consenso de que se debe exigir que México cumpla con los tratados internacionales en materia de extradición.

La extradición no solo es vista como un acto de justicia, también como una decisión estratégica que no afecte la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones continúan.

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