(EL SIGLO DE TORREÓN)
El funcionamiento parcial del Registro Agrario Nacional (RAN) en Torreón mantiene en incertidumbre a ejidatarios y al sector social, al impedir trámites esenciales para la transmisión de derechos y la apertura de juicios agrarios.
Así lo advirtió Elizabeth Estrada Macías, representante de la Contraloría Autónoma del Agua, quien señaló que, aunque las oficinas reabrieron hace alrededor de 15 días, operan de manera limitada y sin conexión al sistema central.

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La reapertura llega acompañada de un proceso de modernizaciónExplicó que actualmente las solicitudes se llenan a mano, pero no se cargan en el sistema digital debido a la falta de internet y equipo de cómputo.
“Nos preocupa mucho porque si falleció un titular desde hace más de seis meses no se puede hacer ningún juicio agrario. No se sabe si dejó sobre o no, si hay vigencia. Son necesidades urgentes para el sector social”, puntualizó.

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Un total de mil 611 ciudadanos ejercieron su derecho político-electoral a través de estas modalidades inclusivas, previo a la jornada general del 7 de junio.El rezago no es nuevo. Desde la pandemia de 2020 las oficinas agrarias permanecieron cerradas cerca de dos años, y posteriormente funcionaron con citas limitadas. A finales de 2025, tras salir de vacaciones el 15 de diciembre, las oficinas dejaron de atender al público por falta de presupuesto para la renta de espacios, situación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aunque se logró un acuerdo para reabrirlas en Torreón, el servicio sigue siendo insuficiente.


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Oficinas reanudaron actividades el 3 de febrero tras suspensión nacional por cambio de sedeLa falta de operación plena ha ocasionado la suspensión de juicios en el Tribunal Agrario y ha paralizado trámites relacionados con la vigencia de derechos, lo que impacta también en instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Estamos empantanados tanto en la Conagua como en otras instancias del sector agrario, porque se necesita el trámite de vigencia de derechos para avanzar”, señaló Estrada.
Ante esta situación, la Contraloría Autónoma del Agua informó que se envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Columba López, secretaria de Agricultura, y a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, para exponer la problemática. Si bien el servicio se reanudó, continúa semifuncionando, lo que mantiene al sector social en un estado de indefensión jurídica.