El Gobierno de México rechazó el informe que realizó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU tras acusar que está desactualizado y carece de rigor jurídico.
A través de un comunicado conjunto realizado por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, negó que permita o tolere desapariciones forzadas.
Asimismo, señaló conflicto de interés puesto que --dijo-- uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra México.
En su informe, el Comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones en el País tienen que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano.
Asimismo, advirtió que en algunos casos --como Jalisco-- han participado autoridades locales y se ha documentado la falta de respuesta del Estado.
El Gobierno reprobó el informe por considerar que es parcial, sesgado y tendencioso, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Añade que antes de emitir el documento, omitió considerar la actualización de información que la Secretaría de Gobernación presentó el pasado 27 de marzo.
"El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia", defendió la Administración actual.
El propio Comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión, añadió.
"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender ese flagelo", defendió.
PIDEN ACEPTAR COLABORACIÓN
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis de desapariciones en el país, tras expresar su preocupación por la descalificación del Gobierno de México frente a lo que denominó como una "decisión histórica" de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
La organización saludó en un posicionamiento público la decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de poner la situación de México a consideración de la Asamblea General con carácter urgente, al tiempo que recordó que la crisis de desapariciones en el país afecta directamente a más de 132 mil familias.