Los adeudos a empresas constructoras locales que participaron en la primera etapa de Agua Saludable para La Laguna, particularmente en la construcción de la potabilizadora, persisten. Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región, reconoció que existen pasivos pendientes desde hace más de dos años con al menos tres constructoras afiliadas, subcontratadas por la empresa principal que recibió el contrato de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
"Todavía hay deudas a empresas que fueron subcontratadas. No directamente Conagua, sino la empresa contratada por Conagua que a su vez subcontrató compañías de aquí de la región. Es mucho dinero, aunque no me atrevería a dar una cifra exacta", señaló. El dirigente empresarial calificó el proyecto federal hídrico como "una gran obra" que, de funcionar al 100%, podría resolver un problema que se ha vuelto grave para la población lagunera, sin embargo, advirtió que aún presenta fugas y deficiencias técnicas que deben resolverse antes de que pueda cumplir su propósito de garantizar agua de calidad para todos los habitantes.
"Esperamos que funcione a la brevedad, pero al 100% y para todos, no nada más para una parte", subrayó.
Los pasivos se remontan a la primera etapa del proyecto, iniciada hace aproximadamente tres años. Desde entonces, las constructoras locales han esperado el pago por servicios prestados en la potabilizadora, sin que se haya avanzado en la resolución del conflicto.
Durante la última sesión de la CMIC, realizada el martes pasado, uno de los afiliados pidió formalmente que se busque un acercamiento con las autoridades para destrabar el tema.
Jiménez Algara explicó que, mientras a las constructoras se les exige entregar fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, las empresas contratistas no ofrecen garantías de pago a sus subcontratados.
"Creo que debería ser parejo: tanto tú entregas fianzas como que ellos te den algún tipo de certeza de que te van a pagar. Algún cambio debe de haber en la ley para asegurar el pago y que la empresa que esté construyendo tenga los recursos suficientes para cubrir a las subcontratadas", afirmó.
El presidente de la CMIC insistió en que este tipo de conflictos evidencian la necesidad de reformas legales que protejan a las constructoras locales frente a los grandes contratistas.
La falta de garantías de pago, dijo, no solo afecta la liquidez de las empresas, sino también la confianza en los proyectos públicos de gran escala. "Son temas que deben legislarse, pero hay que empujarlos", concluyó.